Horacio Aizpeolea
El Senado nacional empezó a discutir el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Un plenario de tres comisiones dio el puntapié inicial con una exposición del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cartera que dio origen al proyecto. El ministro habló “de una actividad de amplio desarrollo a nivel global, donde Argentina tiene potencialidad para salir al mundo a vender” los productos medicinales e industriales derivados del cannabis y el cáñamo.
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Kulfas dejó su informe en un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, que fue presidido por el senador Adolfo Rodríguez Saa (San Luis-Frente de Todos). Por ser un proyecto que llega al Senado enriquecido en distintas etapas por actores diferentes (desde organizaciones a favor del uso medicinal del cannabis, investigadores del Conicet y legisladores), se espera un paso rápido por la Cámara Alta.
Rodríguez Saá informó que este viernes habrá otro plenario y que la discusión que continuará el lunes próximo cuando se emitirá un dictamen para llegar pronto al recinto. La media sanción está garantizada: el proyecto ha sido bien recibido por los distintos bloques y cuenta con el aval explícito de la mayoría de las provincias.
El ministro Kulfas reiteró los principales puntos del proyecto, los que ya fueron desarrollados a principios de junio cuando se presentó la iniciativa ante el Consejo Económico y Social que conduce Gustavo Béliz.
El proyecto establece “el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal”. La eventual ley viene a complementar la legislación ya vigente en la materia, como fue la ley 27350, que habilitó la investigación y el uso del cannabis para fines medicinales.
“La legislación actual permitió avances, pero con ese marco legal no puede prosperar una producción a escala para comercializar y exportar”, dijo Kulfas, quien apuntó que más de 50 países tienen “algún tipo de legislación para el uso de cannabis medicinal e industrial”.
“En el 2000 su producción en el mundo era insignificante, de una tonelada por año, y ahora son 500 toneladas, con un aumento exponencial y un crecimiento muy importante especialmente en Israel, Canadá y Estados Unidos, mientras que en la región Uruguay y Colombia son los que picaron en punta”, comentó Kulfas.
El ministro dijo que por la experiencia en materia agropecuaria de sus productores y proveedores de insumos, por los organismos como el INTA, el INTI y el Conicet, o el desarrollo de un entramado de laboratorios públicos y privados, “Argentina tiene ventajas para ser líder regional y tal vez líder global” en la materia. Actualmente hay 22 iniciativas en varias provincias y en 80 municipios. “Necesitamos un marco legal que promueva estas iniciativas, esta ley promueve el desarrollo federal”, dijo el ministro.
“Calculamos, en base a estimaciones conservadoras, que se crearán 10 mil nuevos puestos de trabajo (muchos de calidad) en solo tres años, habrá 500 millones de dólares en ventas en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones al año”.
“Estamos previendo inversiones de 100 millones de dólares para los próximos tres años”, le respondió Kulfas al senador radical chaqueño, Víctor Zimmermann.
A otro senador por Chaco, Antonio Rodas (FdT), el ministro le dijo que los cultivos de cáñamo son “complementarios, pero no sustitutos” del algodón, actividad tradicional de esa provincia.
“El cáñamo tiene un impacto ambiental positivo, se adapta a todas las condiciones medioambientales, mejora la estructura del suelo y tiene huella de carbono negativo; es un gran recuperador de suelos y se usa para rotar cultivos”, explicó Kulfas.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tendrá algunas modificaciones. En el centro del debate quedó la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), ente encargado de “regular y fiscalizar toda la tarea productiva del cannabis y el cáñamo”. El organismo funcionará dentro de Desarrollo Productivo, y será integrado por representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Seguridad”.
María Eugenia Cattalfano, senadora del FdT-San Luis, recordó que el gobernador Alberto Rodríguez Saá ya aludió a la necesidad de incorporar a “las provincias a la agencia o crear un Consejo Federal Consultivo”.
“Hay que federalizar la participación de las provincias en el directorio de la Agencia”, coincidió el radical por Jujuy, Mario Fiad. El radical también comentó cómo su provincia, pionera en la investigación y producción del cannabis medicinal, debió sortear trabas burocráticas que ahora serán allanadas por la Agencia regulatoria.
Silvia Giacoppo, también radical jujeña, aludió la experiencia de la empresa provincial CANABA para el desarrollo e investigación del aceite medicinal de cannabis. “En julio vamos a estar en el mercado con la primera partida de aceite cannabis con fines medicinales”, dijo. La senadora cuestionó que al ser un proyecto de ley “de orden público” no se invite a las provincias a adherirse.
Kulfas explicó que el proyecto es de “orden público” porque implica votar una excepción sobre la legislación penal nacional: el cáñamo industrial debe ser sacado de la actual lista de estupefacientes.
El ministro dio su acuerdo con la creación de un Consejo Federal propuesto por varios senadores, que actúe en coordinación de la Agencia regulatoria. También dijo que la Agencia cobrará un cánon para otorgar las licencias para producir o comercializar, pero dijo que no se persiguen “fines tributarios”.
Jorge Luenzo, (FdT-Chubut), pidió reforzar en la ley los aspectos relativos a “la producción de cáñamo industrial” y dijo que las autorizaciones no deberían ser igual que para la producción o comercialización del cannabis medicinal. El ministro aclaró que está previsto un esquema “más simplificado y ágil” para el otorgamiento de licencias para el cáñamo industrial, cultivo que, como recordaron varios expositores, ya Manuel Belgrano supo señalar sus beneficios. El cáñamo industrial se traduce en fibras textiles, cosmética, o bioplásticos. Su encadenamiento productivo se despliega en más de 200 productos y servicios.
La ley también pone énfasis el control de la trazabilidad del producto para “evitar el desvío al mercado ilegal” y garantizar la calidad, tareas a cargo de la Agencia. El proyecto no habilita el autocultivo ni busca despenalizar el consumo recreativo del cannabis.
El senador Carlos Caserio (FdT-Córdoba), presidente de la comisión de Presupuesto, destacó que para el Estado la puesta en marcha de la ley “no es relevante en gastos, pero sí son relevantes las ventajas”. Dijo que parte de la la financiación saldrá del cobro de un aporte “del cinco por mil de la facturación de las empresas”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.