El Ministerio de Salud de la Nación publicó este martes un comunicado explicando las razones por las que no compró vacunas de Pfizer, después de la polémica que se dio en torno a la negociación con el laboratorio estadounidense.
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El texto es, en parte, en respuesta al pedido de acceso a la información pública hecho por los diputados nacionales Juan Manuel López y Rubén Manzi, de la CC-ARI, que acercaron tres consultas.
En primer lugar, que se indique “cuáles fueron los motivos” por los cuales el país decidió no comprar vacunas a Pfizer.
La respuesta oficial, en el comunicado, dice: “Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas” y por esa razón “el Congreso sancionó la Ley 27.572 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19”.
“No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa”, agrega.
“Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas. El primero, fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior”, explica, y añade que “son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo”.
Sin embargo, menciona también que “durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el COVID-19”.
Las exigencias
Los legisladores que solicitaron la información indagaron también sobre cuáles fueron las exigencias del laboratorio, cuáles los ofrecimientos de Argentina, y toda otra información que sumara a transparentar el proceso de negociación.
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Sin embargo, en la respuesta, el escrito alude a que esto ya se respondió en la primera parte.
López y Manzi también preguntaron “si el Estado argentino celebró con el laboratorio Pfizer -a través del Ministerio de Salud- acuerdos o cláusulas de confidencialidad”. Esta supuesta cláusula fue esgrimida más de una vez por funcionarios nacionales para no explayarse en explicaciones sobre la negociación con Pfizer.
A respecto, el comunicado indica que: “No se celebró con el laboratorio Pfizer a la fecha, ningún contrato ni acuerdo de compra o adquisición, conforme lo facultado por el artículo 4 de la Ley 27.573 de Adquisición de Vacunas contra la COVID-19”. La respuesta oficial lleva la firma de Mariana Giacobbe Goldberg, asesora de la Dirección Nacional de Desarrollo de Políticas Públicas.
En el cierre, además, añade que “se encuentran publicados en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses todos los datos de audiencias llevadas a cabo con los representantes de la firma Pfizer en Argentina, detallados por representante en nombre de este Ministerio de Salud como Sujeto Obligado, solicitante de la audiencia, otros participantes, fecha, hora y motivo de la audiencia”.
El escrito, que viene en respuesta al pedido de información que López y Manzi hicieron el 1 de junio, repite los argumentos que expusieron funcionarios de Salud, pero contradice algo dicho por Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa, quien sostuvo que sí existía un convenio de confidencialidad.
“Respecto a la gross negligence -o negligencia grave, como se traduce del inglés- y a las dificultades que tuvimos con Pfizer, en virtud del convenio de confidencialidad que hemos firmado -si bien el contrato no prosperó el convenio sí y tiene un alcance-, me limitaré a los comentarios vertidos por el ministro Ginés González García en la reunión previa ya que es información de público conocimiento. Entiendo que de ese modo no violaré la confidencialidad”, sostuvo Monsalvo.
Y amplió: “Hubo dos problemas con la compañía norteamericana. El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley, lo que implicaba la propia modificación de una norma. Les pido disculpas, pero no tengo autoridad suficiente para explicar por qué no se propuso al Congreso la modificación de esa ley. Es un tema que hemos conversado muchísimo, pero el problema concreto por el que no se pudo firmar está vinculado con el marco legal vigente en la República Argentina y, fundamentalmente, con la negligencia”.
“El segundo problema se relaciona con un tema un poquito más complejo que el ministerio planteó en una nota que responde a un pedido de acceso a la información pública. Me refiero a los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no hemos llegado a un acuerdo”, argumentó el funcionario.
