Javier Álvarez
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner inició el segundo semestre con el despliegue de una batería de medidas y decisiones económicas para incrementar la ayuda social y dar una señal contundente a la clase media, en lo que es la salida de la peor crisis en las últimas dos décadas y en la previa de las elecciones en las que el oficialismo intentará retener su mayoría en el Senado y alcanzar el quórum propio en Diputados.
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Unos 600.000 millones de pesos están siendo volcados en las calles por el Estado nacional a través de diversos mecanismos. Hay tres objetivos primordiales: impulsar el consumo (que representa el 70% del PBI); fortalecer el rebote de la actividad económica, que en marzo, abril y mayo mostró caídas mensuales; y mejorar las expectativas antes de la contienda electoral.
Para esto el Gobierno se ha venido preparando. En el primer semestre, emitió deuda para refinanciar vencimientos y le quedaron en la caja 356.000 millones de pesos. Entre el 6 de julio y el 28 de septiembre hará nueve licitaciones más. En paralelo, la emisión monetaria alcanzó los 190.000 millones de pesos. Y el Banco Central hizo también transferencia de utilidades al Tesoro por otros 140.000 millones.
Hay allí unos 686.000 millones de pesos. Y a esto se suma el excedente de fondos proveniente de la recaudación, que en el primer semestre creció 68,2%, unos veinte puntos por encima de la inflación. En el mismo período, el Gobierno mantuvo a raya al gasto primario, que se expandió 48% anual promedio. Las mayores erogaciones las destinó a inversión en obra pública, con un salto del 76,4%. Así se guardó poder de fuego para la segunda mitad de 2021.
El escenario está dado también por el congelamiento hasta fin de año de las tarifas de gas y luz (al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires) y de los combustibles líquidos en todo el país. A esto se suma que el Banco Central viene acumulando reservas, lo que le permite mantener pisado al dólar. Esos dos factores y los acuerdos Precios Cuidados y Súper Cerca son las principales anclas oficiales para la inflación.
El contexto que busca generar el Gobierno para noviembre es el de reactivación con enfriamiento de precios y con el 90% de la población mayor de 18 años del país inoculada con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. En el medio deberá afrontar el golpe de una cifra escalofriante: 100.000 muertos por esta enfermedad en menos de un año y medio.
Hasta ahora el país cuenta con 26.847.730 dosis. Entre esta semana y septiembre llegarán 24 millones de vacunas de Sinopharm; se sumarán Sputnik V, producidas en Rusia y en los laboratorios locales de Richmond; y llegarán donaciones de Estados Unidos y compras de los fármacos elaborados por AstraZeneca (que aún adeuda 15 millones de dosis de las 22 millones compradas), y las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
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Decisiones políticas
La última gran decisión política del Frente de Todos fue la de apoyar la revisión de las paritarias, con una pauta que sube de entre 30% y 35% a entre 40% y 45%. El propio Fernández rubricó el acuerdo de la Asociación Bancaria en carácter de “testigo”, en un acto público. Y ahora otros sindicatos con alto poder de fuego irán por el mismo camino.
La semana que viene el Gobierno dará otro paso. Anunciará la revisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), para el que el 27 de abril se había acordado un incremento del 35% en siete tramos, alcanzando 29.160 pesos recién en febrero de 2022. La decisión que se evalúa por estas horas es la de eliminar pasos y acelerar la suba antes de noviembre.
El Gobierno apunta a empezar a pagar también en los próximos días los 6.500 pesos por tres meses a los 700.000 trabajadores de la salud que hay en el país, una medida anunciada a principios de mayo. Claudio Moroni, ministro de Trabajo, explicó el viernes en Casa Rosada que la demora en el pago de este bono se debió a que el Estado nacional no tenía empadronado a los trabajadores y tuvo entonces que reunir los datos de cada uno.
En junio se prorrogó hasta fin de año el reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), con un monto máximo de $2.400 pesos por mes de devolución. Esto beneficia a 1.300.000 personas en forma directa.
En julio también se acreditará un bono extraordinario de 6.000 pesos para 1 millón de titulares del programa Potenciar Trabajo. “El bono es para sostener ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local”, explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Esta cartera destinará 184.800 millones de pesos durante este año para 3.885.067 niñas, niños y adolescentes de 2,3 millones de familias.
También este mes empieza a regir los cambios en Ganancias, por lo que 1.200.000 personas con ingresos de hasta 150.000 pesos brutos mensuales van a dejar de pagar el impuesto y otras 200.000 sentirán un alivio por menor presión fiscal. Entre este mes y noviembre, la AFIP devolverá a los contribuyentes lo retenido entre enero y mayo. Y se sumarán los cambios en el Monotributo, con menor presión tributaria para 4 millones de trabajadores.
En un marco de prohibición de despidos por decreto, el Gobierno seguirá asistiendo a sectores en crisis. En junio fueron anotados 622.000 trabajadores. Son 522.000 empleados de empresas en crisis que pidieron adherir al programa Repro para que el Estado pague parte de los salarios. Y unos 100.000 monotributistas que no tenían trabajadores dependientes o tenían hasta cinco dependientes.
Jubilaciones y tarifas
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) salió a buscar para incorporar al sistema previsional a más de 300 mil mujeres que no lograron acceder a la jubilación por falta de años de aportes. Se les reconocerá un año de aporte por hijo.
Por otro lado, el Gobierno tiene en carpeta lanzar dos nuevas líneas de crédito blando para pymes, destinadas a los fabricantes de alimentos frescos y a proyectos de sustentabilidad ambiental. Así, habrá activas 19 líneas de fomento con un financiamiento que superará los 77.000 millones de pesos y tasas que rondan entre el 18 y 25%, algunas de ellas con bonificaciones totales de tasa por hasta doce meses, como las dedicadas a los sectores que han sido afectados en forma crítica por la pandemia, entre ellas, turismo, cultura y gastronomía.
Recientemente se sancionó también la denominada “ley de zonas frías” que dispone una rebaja en el precio del gas. A los casi 850.000 beneficiarios actuales de la Patagonia, la Puna y Malargüe se sumarán este semestre 2,8 millones que tendrán un descuento del 30% y otros 374.000 que gozarán del 50%, como jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. En síntesis, casi cuatro millones de usuarios de todo el país pagarán una tarifa diferencial.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires