Nada es gratis en la vida. Y en política, menos. En este año —electoral—, el diputado Sergio Massa presentó un proyecto, apoyado por el presidente Alberto Fernández, que exime del pago de Ganancias a los asalariados cobren hasta 124.500 pesos de bolsillo y que ya se debate en la Cámara de Diputados, con posible media sanción en los próximos días.
Según el Poder Ejecutivo, casi 1,3 millón de personas dejarán de pagar Ganancias y el Estado gastará 41.250 millones de pesos, 0,11% del PBI estimado para 2021 y un 0,48% del Presupuesto 2021. Un montón de plata.
Pero como las arcas públicas no son para nada holgadas, la gestión del Frente de Todos (FDT) ya sabe de dónde sacará parte del dinero para compensar ese alivio para millones de trabajadores en relación de dependencia y jubilados: de las empresas.
Lo hará dejando de lado su intención inicial de suspender por segunda vez una baja de alícuotas de Ganancias para las empresas, que había sido dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri y que Fernández ya había suspendido apenas asumió. Y, en su lugar, proponiéndole al Congreso, con un proyecto de ley, un nuevo esquema de alícuotas que establece que deberían pagar un 35% de Ganancias las que reporten más de 2,6 millones de pesos de beneficios netos. O sea, una importante cantidad de empresas.
El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa que se trata de escalas para no afectar de la misma manera a las empresas que ganan más y a las que ganan menos, pero la clave está en los importes fijados en la redacción. El asunto promete discusiones.
Fundamentos
Inicialmente, con un mensaje enviado al Congreso el 27 de diciembre, el Gobierno se proponía volver a prorrogar la baja de alícuotas. Pero este último jueves a la noche se difundió otro proyecto de ley del Ejecutivo, que establece el retiro de aquel mensaje y propone un nuevo esquema de alícuotas de Ganancias para sociedades.
En los fundamentos, básicamente, el Gobierno acusa a las empresas de no haber invertido ni generado empleo gracias a la baja de la alícuota de Ganancias que se había establecido durante el gobierno de Cambiemos.
Además el Ejecutivo argumenta que necesita que “el sector público sea solvente y percibido como tal para tranquilizar la economía”, en un contexto de caída de la actividad como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
De todas maneras, la iniciativa no establece cuánto dinero recaudará el fisco como consecuencia de estas cargas sobre las compañías. Pero en diciembre, los propios funcionarios y diputados del oficialismo hicieron saber que la plata para pagar la baja de Ganancias para los asalariados saldría de las empresas.
Cómo son las escalas
Mediante la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera ley importante de la gestión de Fernández, sancionada en diciembre de 2019, se suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020.
Así las cosas, hasta el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la alícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% para dividendos de accionistas.
Hasta 2017 las sociedades pagaban un 35% sobre los beneficios. A partir de 2020 estaba prevista una baja de la alícuota al 25%. Esa baja se esperaba para 2021. Pero no.
Ahora, con este proyecto de ley, el Gobierno propone directamente una nueva estructura de alícuotas segmentadas en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
- Un primer escalón, del 25%, para ganancias netas acumuladas de hasta 1,3 millón de pesos.
- El segundo escalón, del 30%, para ganancias netas acumuladas de más de 1,3 millón de pesos y hasta 2,6 millones de pesos.
- Y un último segmento, del 35%, para ganancias netas acumuladas superiores a 2,6 millones.
- Accionistas: los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.
Según el proyecto de la Casa Rosada, “este esquema permite reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas (segundo tramo, que quedan en 30%)”, y “sólo se aumenta para empresas más grandes”.
“Con este nuevo esquema, el 75% de las empresas pagarán una alícuota del impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020. De este modo, se le da una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017”, dice el proyecto gubernamental”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
