Finalmente este viernes el ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti denunció ante la Justicia a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por considerar que cometió un delito al “atentar contra la confianza de la población en las vacunas” tras difundir en televisión información que, según fuentes oficiales, fue considerada falsa.
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La denuncia fue presentada por el abogado Gaspar Uriel Tizio, en su carácter de Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, en tanto que el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de María Servini de Cubría, bajo el número CFP 2929/2021.
Tizio puso en conocimiento a la jueza de una denuncia hecha en un programa de televisión por parte de Bullrich, sobre uno de los contratos para adquisición de vacunas contra el COVID-19.
Y pidió que se investiguen sus declaraciones porque puede “configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso”.
Por qué el Gobierno denuncia a Patricia Bullrich
La denuncia parte de una entrevista realizada el día domingo 23 de mayo en el programa “La Cornisa” (La Nación +), del periodista Luis Majul. Allí, la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del partido fundado por el exmandatario, dijo que uno de los contratos para adquisición de vacunas no habría avanzado debido a conductas que podrían ser penalmente reprochables, por parte del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Bullrich hizo referencia allí a que una de las condiciones que habría impuesto el anterior titular de la cartera sanitaria fue la de poner un intermediario nacional, y aseguró: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”. Luego añadió que la negociación con Pfizer “es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”.
El laboratorio Pfizer emitió un comunicado sosteniendo que “…no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”.
En la presentación, Tizio dijo que en virtud de la “gravedad institucional” que tiene, no solo para Salud sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados.
La Secretaría de Gestión Administrativa ha llevado a cabo y aún continúan en negociaciones con el laboratorio involucrado, a los fines ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2. Hasta el momento no hubo acuerdo sobre el contrato a rubricar.
En su presentación, Salud dijo que ante la necesidad de disponer de la mayor cantidad de dosis para inmunizar a la mayor cantidad de la población objetivo en el menor tiempo posible y ante la criticidad de este insumo a nivel mundial, el gobierno argentino ha iniciado negociaciones tendientes a la adquisición de vacunas de manera inmediata y sin excluir a ningún eventual productor, incluyendo la estrategia de negociación estado-estado o con productores de la industria farmacéutica.
“Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca”, consideró Salud.
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Y agregó: “Son diversas las acusaciones que se han realizado, y continúan realizándose, en torno a las vacunas en general, a las vacunas contra el virus Covid-19 en especial y contra el plan estratégico de vacunación en particular y, en suma, estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.