La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el último pedido formal que presentaron los ocho rugbiers imputados por la muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida el 18 de enero de 2020, a la salida de la disco Le Brique en Villa Gesell.
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El recurso federal fue presentado por Hugo Tomei, abogado defensor de los acusados, el 19 de julio pasado. En el documento que a sus defendidos “le quebrantaron el derecho a ser oídos durante la noche del 19 de enero del año pasado, cuando quedaron detenidos”.
Por su parte, la Justicia resolvió “denegar, por inadmisible, el recurso extraordinario federal deducido por la defensa particular de Enzo Comelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Matías Benicelli”.
Según Tomei, es necesario que se establezca “el cese inmediato de la arbitraria e ilegal privación de libertad que padecen los ciudadanos en cuyo beneficio la misma fue articulada”. Para el letrado, los acusados “no tuvieron la posibilidad de conocer fehacientemente la imputación y, en consecuencia, se les negó el derecho de ser oídos por un juez imparcial”.
“Aquella noche, para acreditar el cumplimiento de la ley, se formalizaron en actas que no reflejan la realidad de lo acontecido, así como también la fiscalía reconoció que llevó adelante un procedimiento de imputación conjunto con la defensa oficial presente”, dijo el abogado. E insistió: “La Corte de la Provincia de Buenos Aires impide el acceso a la instancia nacional sin tratar el tema fundamental, que tiene que ver con el derecho a ser oído y a conocer la imputación de manera detallada”.
La respuesta de la Corte
En la respuesta de la Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres, Luis Genoud, Daniel Soria y Roberto Martínez Astorini, se detalla que Tomei, en su presentación, “especificó que la prisión preventiva ordenada por el juez de Garantías de Villa Gesell (David Mancinelli) y la confirmación de la Cámara de Dolores, genera responsabilidad internacional del Estado argentino por inobservancia de los acuerdos con organizaciones supranacionales”.
“También cuestionó que tanto el Tribunal de Casación -como esta Corte- hubiesen evitado abordar la cuestión federal involucrada en autos en la vía expedita y rápida del habeas corpus”, agregaron.
Por su lado, Tomei puntualizó: “Es una decisión equiparable a sentencia definitiva, al restringir la libertad con anterioridad al fallo final de la causa y requerir la tutela judicial inmediata”.
“Desde el primer momento buscamos que las decisiones judiciales se ajusten a derecho de acuerdo a los hechos y estos a su vez a la evidencia disponible en el proceso que respete el derecho de defensa en juicio”, expresó el abogado. “Sin debido proceso legal no habrá decisión justa del Poder Judicial, será algo que se le parezca pero jamás justa. En este y en todos los casos donde no se escuche a los imputados en la forma que dispone la ley”, mencionó.
Última audiencia
Días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores dispuso para el 6 de octubre la audiencia preliminar del juicio oral para los rugbiers detenidos. Será de carácter técnico, conocida como artículo 338. En esa instancia, las partes se reunirán para depurar las pruebas y deberán mencionar a los testigos que serán llamados a declarar durante el juicio.
Los abogados de la víctima mantendrán el pedido de que todos los imputados reciban la pena máxima por el crimen. El TOC 1, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, detalló que la audiencia se iniciará a las 11 en la sede del tribunal.
Tanto Fernando Burlando y Fabián Améndola, defensores de la familia Báez Sosa, como Hugo Tomei, fueron convocados de manera presencial. Lo mismo para los jueces, secretarios y el fiscal de juicio, Juan Manuel Dávila. Los imputados, por su parte, no serán trasladados y participarán de manera virtual.
En relación a la audiencia, Tomei dijo: “No tendría que haber sobresaltos. Salvo que nos quieran sorprender con cuestiones como las que fundamentan nuestras quejas. El paso que sigue es la presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que obliguen al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires a llevar a cabo un procedimiento debido y legal para que los imputados puedan defenderse de manera eficaz”.
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Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Aún se desconoce cuándo se realizará el debate oral, que podría definirse luego de las audiencias preliminares.
