Florencia Orzanco
En el marco de la aprobación de la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, varias abogadas con perspectiva de género y comprometidas en la lucha por la aprobación de la ley coincidieron en que “es probable que se intente judicializar la norma para obstaculizar su aplicación”. No obstante, aseguran estar preparadas y continúan profundizando “argumentos sociojurídicos sólidos para defender el acceso a los derechos que allí se garantizan”.
La abogada especialista en Derecho de Familia e investigadora de Conicet, Marisa Herrera, indicó a Télam: “Sabemos que se intentará judicializar la ley para obstaculizar su aplicación y, por eso, estamos escribiendo la primera obra jurídica que pretende ser un análisis exegético de ambas leyes -IVE y el programa mil días- desde la triple visión constitucional, civil y penal”.
Herrera participó de plenarios en el Senado en el 2018, con explicaciones y fundamentos a favor de la Ley de IVE, y junto a especialistas, están confeccionando un documento “para salir en breve en una conocida revista jurídica a los fines de seguir profundizando los sólidos argumentos sociojurídicos en favor de este gran hito normativo”.
”Si algo demostró el movimiento de mujeres y la diversidad, es que sabemos, y mucho, de luchas en el campo jurídico”, dijo, y remarcó: “Por eso, una vez más, nos encontrarán allí defendiendo con responsabilidad, compromiso y convicción esta gran conquista legislativa”.
En este sentido, la abogada Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró que “es un paso fundamental en la ampliación de los derechos y de las garantías para respetar la autonomía de las mujeres”. ”La ley que se aprobó es un piso mínimo, a partir de allí, hay que garantizar que todas las provincias en todo el territorio tengan acceso a los derechos que contempla la norma sin discriminación”, señaló.
”Estamos preparadas con argumentos sólidos, y definitivos, para responder a los ataques de la ley que probablemente vengan de los sectores anti-derechos, que se opusieron a su sanción, tal como sucedió después del caso F.A.L. y la implementación de protocolos de aborto no punible desde el 2012″, resaltó.
Por su parte, Raquel Hermida Leyenda, quien representa a víctimas de violencia de género, aseguró: ”Como toda norma, la IVE no es perfecta y nosotros, los abogados, vamos a discutirla en Tribunales frente a la justicia, porque nos queda esa segunda etapa, enfrentar al sistema patriarcal”.
La abogada, quien representó a la cantante Anita Coacci y a la actriz Natalia Juncos en el juicio que les inició el actor Juan Darthes por calumnias e injurias, señaló: “Hoy tengo la suerte de dedicarme a defender mujeres que fueron abusadas, pero el abuso en muchos lugares estuvo ligado durante años a esta práctica clandestina”.
”Esto es un logro que de algún modo saca a la luz lo que se venía practicando en épocas de mi abuela, ella también me contó que tuvo que acompañar a una amiga, porque el abuso antes no se denunciaba, siempre era juzgada la víctima”, añadió Hermida.