La llamada ley de Góndolas tiene como objetivo regular la competencia e impedir los abusos de posición dominante.


Dueños de supermercados, funcionarios nacionales y representantes de asociaciones del consumidor hablarán este martes por la tarde en la Cámara de Diputados, en el inicio de la discusión de la llamada ley de Góndolas, que tiene como objetivo regular la competencia e impedir los abusos de posición dominante.

El debate de los proyectos de ley de Góndola arrancará a las 16 en la comisión de Defensa del Consumidor, que preside la diputada massista Marcela Passo.

Han presentado iniciativas la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (Cambiemos), organizaciones sociales ligadas a la CTEP, del dirigente kirchnerista Juan Grabois, con el apoyo del titular de Maxiconsumo, Víctor Fera; y la propia Passo.

Pero también hay proyectos presentados por los diputados José Luis Ramón (Protectora-Mendoza), Juan Cabandié (Frente para la Victoria-Capital Federal) y Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos).

Por la cantidad de iniciativas presentadas, el trámite parlamentario no parece que vaya a ser sencillo ni veloz. Además, Defensa del Consumidor no será la única comisión por la que pasaría, porque deberá debatirse en plenario con las de Comercio y Legislación General.

(EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Así las cosas, el proyecto no llegará a ser debatido en el recinto este miércoles, pero, si las discusiones llegan a buen puerto, quizás pueda tratarse en la sesión que está planificada para el miércoles 8 de mayo.

El tema empezará a discutirse este martes después de los anuncios realizados por el Gobierno nacional para atacar la inflación que incluye, entre otras cuestiones, un acuerdo de precios sobre 64 productos esenciales y la modificación de la ley de Lealtad Comercial para evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas.

La propuesta oficial

El proyecto de Cambiemos, que pertenece a Carrió, propone “establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena de valor alimenticia desde su producción hasta la distribución a los consumidores finales“.

Por ejemplo, crea el Precio Mínimo Ofrecido (PMO), un sistema de precios de referencia. “La información será obtenida a partir del Observatorio de la Cadena de Valor Alimenticia que crea esta misma ley”, dice el proyecto.

La líder de la Coalición Cívica-ARI propone que la exhibición máxima en góndola que los supermercados pueden ofrecer a sus proveedores por marcas propiedad de cada proveedor sea del 20%, para fomentar la competencia.

“El proyecto pretende de este modo asegurar una progresiva aparición de emprendedores y nuevas sociedades ofreciendo sus productos en el masivo mercado de los establecimientos supermercadistas”, dice la iniciativa.

El proyecto también prohíbe que en los casos en que se produzca una situación de desequilibrio se puedan realizar pagos diferidos a más de 60 días, generando otra barrera de entrada que solamente los proveedores con espalda financiera pueden sortear. “Dicha situación es común en la práctica supermercadista y resulta en una transferencia de riesgo, con costos muy altos para los proveedores que deben ir a descontar los cheques al mercado financiero”, aseveró.

En relación con los operadores comerciales, la iniciativa prohíbe una serie de conductas abusivas, como la utilización de la marca ajena como propia, y le otorga “una protección especial a mipymes, productores primarios, empresas dependientes económicamente (más del 30% de su facturación comprometida con un único oferente), cooperativas y mutuales“.

“La principal vía de protección es asegurar la formalización de los contratos por escrito, permitiendo un control ex post efectivo sobre los abusos que puedan generarse”, señaló Carrió.

Además, el proyecto crea un Código de Buenas Prácticas, que recaerá sobre las empresas que exploten distintos establecimientos que cuenten con la habilitación, y también sobre las empresas que integran un grupo económico con distintas cadenas supermercadistas.

En cuanto a la exhibición de precios, el proyecto se propone “homogenizar las disposiciones en materia de publicidad del precio y de utilización de unidades mínimas de medida a los efectos de fijar de forma clara los derechos de los consumidores ante estas relaciones de consumo”.

Por la Corresponsalía de Buenos Aires.





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