El Ejecutivo mandó este viernes al Senado el proyecto de modificación de la Carta Orgánica, que se propone como prioridad la estabilidad de precios.


La estabilidad de precios. Esa será la principal misión del Banco Central (BCRA), si el Congreso convierte en ley la reforma de la Carta Orgánica de la institución, proyecto que el Poder Ejecutivo mandó ayer al Senado, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Además de atacar la inflación como objetivo principal, la iniciativa establece que el BCRA no podrá financiar nunca más al Tesoro ni el Gobierno podrá echar manos a las reservas para pagar deuda pública.

En los fundamentos del proyecto, de 23 páginas y 42 artículos, el Gobierno señala que se propone un objetivo combinado para el BCRA, “enfocado, primero, en la estabilidad de precios y, luego, en el crecimiento y la salud financiera”.

Marcos Peña y Mauricio Macri

“La estabilidad de precios constituye hoy el principal objetivo de la mayoría de los bancos centrales”, dice la iniciativa

Como una manera de resaltar la independencia, el proyecto establece como artículo 1° lo que en la carta orgánica actual en el último párrafo del artículo 4°: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

Salvavidas, no

El proyecto también elimina la posibilidad de que el BCRA financie, directa o indirectamente, al Gobierno nacional.

Según el Ejecutivo, “la financiación de los gastos corrientes de la Administración a través del BCRA ha generado grandes distorsiones en el sistema, siendo la principal de ellas, la inflación”.

“La prohibición de financiar al Tesoro Nacional estuvo vigente entre septiembre de 1992 y diciembre de 2001, y en ese período la inflación total acumulada fue de 12,1%, menos del 1,5% anual de promedio”, dice el proyecto, en alusión a la era menemista y al gobierno de la Alianza, período durante el cual estuvo vigente la ley de Convertibilidad.

El proyecto también elimina la posibilidad de que el BCRA financie, directa o indirectamente, al Gobierno nacional.

La iniciativa también propone una modificación del artículo 6° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, eliminando la posibilidad de que las reservas del BCRA puedan ser utilizadas para el pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral.

Además, deroga el decreto 298 del 1° de marzo de 2010, que había creado el Fondo del Desendeudamiento Argentino, para pagar deuda con reservas.

EEl proyecto también elimina la posibilidad de que el BCRA financie, directa o indirectamente, al Gobierno nacional, en abierto enfrentamiento con la entonces presidenta Cristina Kirchner y su marido, Néstor Kirchner.

El proyecto también elimina la posibilidad de que el BCRA financie, directa o indirectamente, al Gobierno nacional (Foto: DYN/Pablo Aharonian)

“El daño al patrimonio del BCRA a través de esta herramienta (el Fondo de Desendeudamiento) no tuvo precedentes en la historia argentina. Desde 2005 hasta 2015 se utilizó por un total de 67.924 millones de dólares, lo que prácticamente eliminó sus reservas y destruyó su credibilidad y su capacidad de acción”, dice el proyecto del gobierno de Cambiemos.

Más cambios

El proyecto también establece que para la remoción del presidente y del directorio de la institución será necesaria la aprobación del Senado, y ya no la simple decisión del Presidente de la Nación, en forma consistente con el mecanismo de designación.

Adicionalmente, proponen la derogación del Régimen Penal Cambiario, ley que rige desde 1995 y le otorga al BCRA un rol preponderante en la reglamentación y fiscalización de las operaciones de cambio.

La experiencia recogida respecto de la aplicación de esta ley no ha sido positiva. Muchos fueron los reproches y cuestionamientos que se hicieron a dicha norma. El sistema actual genera, tanto para el BCRA como para el Poder Judicial, gastos innecesarios en el mantenimiento de una estructura ineficiente que, en la mayoría de los casos, no resulta en la aplicación de sanciones efectivas”, dice el proyecto.

Por la corresponsalía Buenos Aires






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