Horacio Serafini
El presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar al Estado a avanzar en el decomiso de bienes provenientes de la corrupción, del lavado de dinero y del narcotráfico.
“Es un proceso civil para sacarles los bienes a aquellos delincuentes que los obtuvieron con dinero de la corrupción, delitos del narcotráfico, trata, secuestro, terrorismo y otros”, detalla un texto oficial al que tuvo acceso este diario.
El Presidente anunciará su decisión en minutos, al hablar desde la Casa Rosada, donde se mostrará acompañado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano.
"La corrupción carcome al Estado y quiebra a la sociedad", resalta el escrito que diseñaron en el Gobierno nacional para justificar la decisión de Macri de recurrir a un DNU para poner en marcha la iniciativa que quedó cajoneada en el Congreso de la Nación.
La postura oficial es que el DNU se firmó como “respuesta a la sociedad que lo reclama de forma urgente y para otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y reconstruir el patrimonio estatal”.
“La corrupción y el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y los demás delitos graves afectan el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas al patrimonio público y provocando un enorme costo para la operación eficaz del Estado”, amplía el escrito.
El decomiso se aplicará “una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes que prevenían del delito”. Y, según se detalló, “será un juez el que resuelva si corresponde extinguir su dominio sobre los bienes, luego de un proceso ante la justicia civil, en el que el demandado goza de todas las garantías y posibilidades para probar si el bien ha sido adquirido con ingresos legales”.
Los números de la Oficina Anticorrupción indican que la Justicia embargó alrededor de 254.600.000 millones de pesos en causas vinculadas a la corrupción.
La extinción de dominio obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2016 pero quedó cajoneada tras una serie de cambios que se le aplicaron en la Cámara alta.
De acuerdo al texto, el proyecto votado en Diputados permitía al fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes; en cambio, la iniciativa del Senado proponía que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista al menos una condena de primera instancia.