Hubo al menos 16 femicidios en la Argentina en lo poco que va del año, una cifra que alarma y que fue el disparador para el lanzamiento de una campaña para lograr que el gobierno de Mauricio Macri ponga en marcha políticas para erradicar la violencia contra la mujer. El principal reclamo es que se vote en el Congreso una ley que declare la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, la cual tendrá una vigencia de dos años y cuyo principal objetivo es destinar partidas presupuestarias extraordinarias para prevenir y revertir el número de víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional.
"Sabemos que una ley no va a cambiar la situación de un día para el otro, pero lo que ponemos de relieve es que el presupuesto es necesario", explica Belén Spinetta, referente de la campaña en conversación con VíaPaís y agrega que el presupuesto 2019 destina apenas 11 pesos con 35 centavos por cada mujer argentina. Esto significa un recorte del 33% de la partida presupuestaria designada al Instituto Nacional de la Mujer (INAM), organismo que debe llevar adelante las políticas públicas de atención y prevención.
La campaña tuvo como primer escenario la ciudad de Rosario, una ciudad conmocionada por el asesinato de Agustina Imvinkelried, donde el martes se hizo una ronda de antorchas frente a las puertas de los Tribunales Provinciales para que el Estado, en particular el Poder Judicial, ofrezca respuestas a las mujeres. Sin embargo, ese fue solo el comienzo y la campaña se expandirá a todo el territorio nacional y espera abarcar a todo el movimiento feminista. Dentro de las acciones a realizar contemplan la recolección de firmas, la entrega de volantes, la realización de encuentros y reclamos a los legisladores nacionales, así como acciones culturales en espacios públicos.
Spinetta explica que el reclamo por la declaración de la Emergencia tiene al menos 10 años en el movimiento de mujeres (en los cuales se han logrado algunas declaraciones a nivel provincial). Sin embargo, en 2017 tuvo un relanzamiento en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, luego de que el año anterior la Ley haya logrado, por unanimidad, media sanción en el Senado, "pero luego haya perdido estado parlamentario porque el macrismo no dio quorum en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, en donde se tenía que tratar", recuerda Spinetta.
El proyecto de ley consta de 8 artículos y como medidas prioritarias reclama la creación de centros de día y refugios “como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza”, ya sea para la mujer o sus hijos. Es decir, un lugar a donde puedan ir las víctimas de violencia de género que necesitan escapar de su hogar y no tienen a dónde ir.
"De los 36 refugios que anunció el INAM hace 3 años [por entonces Consejo Nacional de las Mujeres], solamente se hicieron nueve", se lamenta Spinetta. Otra de las medidas que reclama la ley es una asignación económica mensual para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género (artículo 4°). Esta asignación sería equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y estaría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las víctimas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente.
Por último, Spinetta explica que, si bien en el proyecto no está, "también pedimos un plan nacional de promotoras territoriales en prevención de violencia". Las promotoras son mujeres que conocen en qué lugares se puede denunciar y son las personas a quienes acuden las víctimas de violencia de género. "En los barrios, cuando una mujer se encuentra con que va a denunciar a la comisaría y no obtiene respuesta, recurre a otra mujer", explica Spinetta y agrega que "se necesita que ese trabajo sea remunerado porque hoy no se reconoce y termina siendo muy agotador". "El gobierno nacional tiene que tomar nota de que la situación de las mujeres es de emergencia: 16 femicidios en 23 días ponen de relieve que las políticas públicas que se han desarrollado no alcanzan y el Congreso de la Nación tiene que tomar el problema en sus manos y declarar la emergencia para que se destinen partidas presupuestarias extraordinarias", concluye Spinetta.
