Leandro Boyer
La letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri para habilitar la extinción de dominio podría transformarse en un búmeran y frustrar el intento de Cambiemos por mostrarse al frente de la lucha contra la corrupción para recuperar así la sintonía con el clamor popular en el inicio de la carrera electoral.
La celeridad con la que el Presidente anunció y puso en vigencia la medida (ayer a partir de su publicación en el Boletín Oficial) se explica fundamentalmente en las necesidades que tiene el oficialismo de reivindicarse con aquellos desencantados por el magro escenario económico. Pero los apuros acarrearon complicaciones porque la decisión recibió duras críticas tanto por la forma de su aplicación como por su contenido.
“Macri está buscando instalar en la agenda electoral la cuestión del combate contra la corrupción y mostrarse proactivo. La extinción del dominio es una herramienta necesaria para combatir la corrupción, pero no se puede instaurar sin consenso político, sin debate parlamentario y al solo efecto electoral”, planteó ante este sitio el abogado Marcelo Berlomen, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
Pero más allá del contexto, Bermolen remarcó que la letra chica del DNU podría estar afectando garantías constitucionales. Entre las irregularidades que observó, mencionó que la medida forzó el alcance del fuero civil sobre la competencia penal, que invirtió la carga de prueba y que corre el riesgo de desencadenar el "escándalo jurídico", que se produce cuando dos magistrados se expiden de manera distinta sobre un mismo objeto.
“Al Presidente le está prohibido, por el artículo 99 de la Constitución, dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal y la extinción de dominio es un tema asociado a causas penales, directa o indirectamente”, explicó el letrado.
Dijo que con el DNU también se “está forzando la intervención del fuero civil” porque, justificó, establece una prescripción larga, de 20 años, contraria a las que rigen en el Código Civil y similar a la del fuero penal. “Eso podría dar lugar cuestionamientos judiciales por parte de quienes queden involucrados en alguno de estos procesos y los habilitaría a pedir la inconstitucionalidad”.
Además, Bermolen señaló que se invierte la carga de la prueba: “A los acusados les dirán que sus bienes han sido el resultado de la corrupción y ellos tendrán que demostrar lo contrario, que se adquirió lícitamente. Con lo cual se está invirtiendo la presunción de inocencia que establece la Constitución Nacional”.