Hace un año, Mauricio Macri dictó un megadecreto de 192 artículos divididos en 22 capítulos, destinado a la desburocratización del Estado. El megadecreto finalmente fue sustituido por tres leyes porque la oposición había puesto el grito en el cielo por su decisión de regular tantas materias con un simple DNU, pasando por alto al Congreso. Ahora, con la extinción de dominio, el Gobierno podría tomar la misma determinación e incluir el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, para que la iniciativa siga el curso institucional tradicional.
De todas maneras, el DNU, que fue publicado en Boletín Oficial, seguirá vigente. Es decir que con la sola sospecha de que un funcionario le robó al Estado o de que un narcotraficante es propietario de bienes mal habidos, cualquier fiscal le podrá solicitar a un juez del fuero civil que dicte la extinción de dominio, sin que fuera necesaria ninguna condena ni procesamiento ni imputación.
El contenido del decreto ya es blanco de críticas de dirigentes opositores y de juristas, quienes advierten que el Estado podría tener que pagar sumas multimillonarias en indemnizaciones.
En cambio, el oficialismo y algunos espacios opositores, como el massismo, la defienden porque consideran que el Estado debe rápidamente disponer de bienes de los corruptos y narcotraficantes, como dinero, yates, terrenos, mansiones o autos de lujo, sin esperar una condena penal, que puede demorar más de una década.
La normativa penal vigente ya le permite al Estado embargar, secuestrar, enajenar y decomisar bienes pero, inclusive habiendo sido condenados, los corruptos siguen siendo sus dueños. Mientras tanto, se van acumulando en depósitos. Con la extinción de dominio, esos bienes pasan a ser directamente propiedad del Estado, cuando un juez así lo determine.
Cambiemos ya cuenta con apoyos para la extinción de dominio sin condena, pero sí se ha quedado solo en su defensa de la manera que eligió el Gobierno para instaurar la extinción de dominio: un DNU presidencial.
Los opositores y muchos juristas sostienen que no hay necesidad ni urgencia que justifique el DNU y que, además, este decreto sí establece cambios en materia penal, lo que está expresamente vedado por la Constitución.
Por eso ayer Rogelio Frigerio, el ministro más político del Gabinete, atendió la presión opositora y las advertencias de algunos constitucionalistas y, rápido de reflejos, dejó abierta la posibilidad de que sea el Congreso el que directamente sancione una ley de extinción de dominio.
“Hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado. Por supuesto que si hay una decisión en el Congreso para transformarlo en ley, bienvenida sea”, sostuvo el ministro de Interior tras una reunión de Gabinete.
Sin embargo, al igual que su colega Patricia Bullrich más temprano, Frigerio también desafió a la oposición: dijo que "ahora tiene que hablar", que el DNU es "absolutamente constitucional" y que "está vigente", por lo cual "la Justicia ya tiene las herramientas necesarias”.
Resaltó, además, que esta medida "se transformó en DNU porque en tres años no se pudo discutir y transformarlo en ley".
Efectivamente, la Argentina no cuenta con una ley de extinción de dominio porque los diputados y senadores no se pusieron de acuerdo sobre el texto.
En 2016, tras el escándalo de las valijas de José López, la Cámara Baja le dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio por amplio margen de votos: 135 de Cambiemos, el massismo y el PJ, contra 50 negativos, del Frente para la Victoria y la izquierda. Pero el Senado durmió la iniciativa durante todo 2017, por considerar que el texto era malo e inconstitucional.
Como al culminar 2018 perdería estado parlamentario, había empezado a crecer la presión sobre los senadores para que trataran la media sanción. Esto se produjo finalmente en agosto pasado, cuando se aprobó un proyecto impulsado por el PJ, totalmente diferente al de Diputados.
La Cámara Baja podría haber convalidado los cambios del Senado o haber insistido en su media sanción. Pero no hicieron nada. Por eso no hay ley.
El massismo pide debate parlamentario
La jefa del bloque Frente Renovador de Diputados, Graciela Camaño, anticipó que cuando se inicie el año legislativo en marzo impulsarán un nuevo proyecto sobre extinción de dominio, para que “no haya cuestionamiento constitucional”.
Camaño fue autora de la iniciativa que se tomó como base de la media sanción votada el junio de 2016, que está en línea con el DNU de Macri.
"Promovimos, promovemos y promoveremos la posibilidad de tener una acción autónoma para extinguir el dominio de los delitos graves, que son los delitos del poder, los que cometen quienes están mejor acomodados socialmente y, en el caso de la corrupción, el poder político”, dijo Camaño, para justificar su apoyo.
De todas maneras, señaló que el decreto presidencial "tiene contradicciones" y que es necesaria una discusión parlamentaria. "Cuando se trata de un tema penal se requiere una ley, no un DNU. Y esto lo expresa taxativamente la Constitución en el artículo 99, inciso 3. Hay materias que le están vedadas”, resaltó la diputada por la provincia de Buenos Aires.