Donald Trump renueva su amenaza de declarar una emergencia con tal de construir su muro fronterizo. El presidente estadounidense viajó a la ciudad de McAllen, cercana a la frontera con México, como parte de los esfuerzos para conseguir el respaldo al muro que quiere construir ahí.


Trump amenazó con declarar una emergencia para financiar la construcción, pues el dinero que solicitó para ese fin en el proyecto presupuestario le fue negado por los legisladores demócratas; esta pulseada mantiene suspendidas las operaciones de la administración pública de Estados Unidos desde hace veintiún días.

Aumenta la presión para encontrar una salida de un impasse que ya lleva tres semanas y tiene cerradas partes del gobierno, dejando a miles de empleados sin el cobro de sueldos.

Aproximadamente 800.000 empleados, más de la mitad de los cuales todavía se presentan a trabajar, están por perder su primera paga el viernes debido al cierre, y Washington está cerca de fijar un récord del cierre de gobierno más largo en la historia del país. Esos indicadores, junto con los efectos que ha tenido en parques nacionales, inspecciones de alimentos y la economía en general, tenían a algunos de los republicanos en el Capitolio cada vez más incómodos con las exigencias de Trump.

Trump visitó McAllen, Texas, y el río Grande para enfatizar lo que dice es una crisis de drogas y delincuencia. Allí dijo que “si por algún motivo no logramos esto, declararé una emergencia nacional“, haciendo referencia a un acuerdo con los demócratas de la Cámara de Representantes que se han negado a aprobar los 5.700 millones de dólares que exige para el muro.

Pese a los dichos de Trump no hay evidencia de una ola de delitos cometidos por inmigrantes. Varias investigaciones de sociólogos e incluso del instituto académico Cato Institute han determinado que los que están ilegalmente en Estados Unidos cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses, y los inmigrantes legales aún menos.

Trump consultaba con abogados de la Casa Blanca y aliados sobre cómo utilizar los poderes presidenciales en caso de emergencia para tomar una medida unilateral para construir el muro a pesar de las objeciones del Congreso. Afirmó que sus abogados le dijeron que la medida soportaría el escrutinio legal “100%”.

La medida de evadir el control constitucional del Congreso sobre los fondos del país generaría ciertas impugnaciones legales y quejas de ambos partidos por la extralimitación del ejecutivo.

Una autoridad congresual dijo que la Casa Blanca ha instruido al cuerpo de Ingenieros de la Armada a buscar los miles de millones de dólares destinados el año pasado como respuesta al desastre de Puerto Rico y otros lugares que puedan desviarse a la construcción del muro como parte de la declaración de emergencia. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente.

Autoridades en Puerto Rico dijeron que era “inaceptable” y que la isla todavía lucha para recuperarse del huracán María, una tormenta categoría 4 que golpeó hace más de un año y generó daños por un valor de 100.000 millones de dólares.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el muro no debería financiarse “con el dolor de los ciudadanos de Estados Unidos que han sufrido una tragedia y una pérdida a través de un desastre natural”.

“Utilizar ahora esto como salto político no es lo que merecen los ciudadanos americanos en Puerto Rico”, dijo Jennifer González, representante del territorio estadounidense ante el Congreso. Agregó que la isla todavía no recibe 2.500 millones de dólares en fondos. “Rechazo vehementemente ese juego con nuestro dolor y esperanzas”.

No queda claro qué abarcaría el acuerdo y no hubo indicios de que hubiera alguno a la vista. Trump dijo que no reabrirá el gobierno sin dinero para el muro. Los demócratas aseguran que favorecen las medidas para aumentar la seguridad fronteriza, pero se oponen a la larga e impenetrable barrera que desea Trump.

El cierre parcial del gobierno llegaría a un récord la mañana del 12 de enero, superando el cierre de 21 días que terminó el 6 de enero de 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton.






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