El fiscal federal Gerardo Pollicita fue notificado para que emita un dictamen al respecto.


El fiscal federal Gerardo Pollicita fue notificado para que dictamine si el detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la actriz Andrea del Boca, deben ser sometidos a juicio oral y público por presunta defraudación al Estado, por un subsidio de más de 36 millones de pesos para la producción de una telenovela que nunca se concretó.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, la “vista al fiscal” para que opine sobre una eventual elevación a juicio de los casos de De Vido, Del Boca y otros ochos procesados la dispuso el juez federal Sebastián Ramos, a cargo de ese sumario penal.

En la causa se investigan presuntos ilícitos que se habrían cometido con la intervención de exfuncionarios y empleados del exMinisterio de Planificación Federal, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

De acuerdo a los procesamientos dictado por Ramos en julio último (luego ratificados en segunda instancia), se firmaron convenios que posibilitaron el otorgamiento discrecional de 36.582.468 de pesos a la productora privada “a+A Group SRL” para la telenovela “Mamá Corazón”, que no se habría concretado.

También, en el marco de convenios suscriptos en 2011 y 2015, se otorgó un multimillonario subsidio a otra productora privada, “Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda”, para financiar la miniserie “El Pacto”.

De Vido tiene trabado un embargo de $60.000.000 sobre sus bienes, al igual que el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, otro de los procesados en esta causa.

Del Boca, como “partícipe necesaria” de la defraudación al Estado, tiene ordenado un embargo de $50.000.000.

De Vido cumple prisión preventiva dispuesta en la causa en la que se le imputa responsabilidad en otro multimillonario fraude al Estado, por el desvío de fondos en las obras para refacción de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

El exministro y diputado nacional, con condena (aún no firme) a cinco años y ocho meses de prisión, por el choque del tren en la terminal de Once en febrero de 2012, con 51 muertos y 789 heridos, está acusado además de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, administración fraudulenta y cohecho, entre otras imputaciones en una docena de causas.






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