Horacio Serafini
A horas del fallo de este martes de la Corte Suprema de Justicia sobre el índice de actualización de haberes a jubilados, el Gobierno nacional salió a minimizar su impacto fiscal después que desde hace semanas hasta llegó a advertir con que pondría en riesgo al propio sistema previsional.
El encargado de bajarle los decibeles fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien volvió a oficiar de vocero de la reunión de gabinete en la Casa Rosada que encabezó el presidente Mauricio Macri. Hace un tiempo se había expresado en sentido contrario la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vía su director, Emulio Basavilbaso, o en los fundamentos de la apelación de la causa que mañana resolverá la Corte.
"Estamos esperando el fallo de la Corte. Da la presunción de que es un fallo muy acotado que no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico en las arcas durante este año o en los próximos años", afirmó Sica. Al respecto el ministro fundó su apreciación en que "está acotado a un caso individual", el de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 y en 2012 presentó una demanda sobre la actualización de sus haberes y que es la que llegó a la Corte.
Enseguida Sica aseguró que el fallo, cuyo sentido favorable al jubilado Blanco admitió implícitamente, "no cambiaría las condiciones sobre las cuales nos estamos manejando, ni impactaría sobre las previsiones que tenemos respecto al equilibrio presupuestario para los próximos años".
Contra la minimización que hizo el ministro, la Anses dramatizó acerca del impacto que tendría un fallo en ese sentido cuando apeló la resolución de la Sala 2 de la Cámara de la Cámara de la Seguridad Social que este año falló a favor de Blanco. Esa vez la Cámara confirmó una sentencia de primera instancia y ordenó que se utilice el índice Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción), frente a lo cual la Anses sostuvo que en ese caso se pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional.
La Anses pretende que en lugar de usarse el Isbic debería aplicarse el Ripte (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales) que se adoptó tras la llamada "ley de reparación histórica" de hace un año, que en el caso de Blanco supondría una actualización de haberes 60 por ciento menor que con el Isbic. Además, Blanco se jubiló antes de que estuviera vigente el Ripte, como lo señalaron los camaristas: "vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido" del jubilado si se pretendiera aplicarlo con retroactividad como sería el caso de Blanco.
Un fallo a favor de Blanco por parte de la Corte, como se prevé, impactara de inmediato en entre 7 mil y 9 mil expedientes similares que están en el máximo tribunal y que por ser "análogos" se resolverán automáticamente después de la feria judicial de verano, dijeron a Vía País fuentes del cuarto piso del Palacio de Tribunales porteño. También durante el primer semestre de 2019 sobre los entre 150 mil y 200 mil que por el mismo motivo están en instancias inferiores del Poder Judicial.
Pero su impacto financiero en la Anses, como en las cuentas públicas del Gobierno, será muy menor. Es que el Presupuesto 2019, como sucede cada año, ya tiene una partida para el pago de sentencias previsionales (49.313 millones de pesos) para 2019 por el artículo 31 de la ley de Presupuesto”, recordó el especialista Miguel Fernández Pastor. “Aunque quizás pueda tenerlo para el próximo gobierno”.