Cambiemos negoció con la oposición numerosos cambios al proyecto antibarras que mandó el Gobierno y así, con un texto de consenso, la iniciativa finalmente se debatirá esta tarde en el recinto, después de que todos la daban por caída.
El acuerdo se cristalizó este jueves, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes, presididas respectivamente por la radical Gabriela Burgos y el kirchnerista Daniel Scioli.
Tras esa reunión firmaron el proyecto de consenso los diputados de Cambiemos y del massismo, pero también se sumaron diputados de otros espacios, como Argentina Federal (PJ).
Todo parece indicar que en el recinto el proyecto consensuado tendrá la cantidad suficiente de votos para ser aprobado y girado al Senado, que lo trataría la semana que viene en su recinto.
Tras la doble suspensión de la final River-Boca de la Copa Libertadores, el presidente Mauricio Macri había pedido especialmente que el proyecto se debatiera en las sesiones extraordinarias, pero su propia tropa en Diputados lo cuestionaba duramente y se negaba a votarlo.
Sin embargo, ayer la presidenta del plenario de comisiones, Burgos, trabajó durante toda la tarde en un texto de consenso junto con las massistas Vanesa Massetani y Carla Pitiot, así como con Scioli y diputados de otras bancadas.
Tanto en Cambiemos como en la oposición coincidieron ayer en que iba a ser una pésima señal para la sociedad que el Congreso dejara caer el proyecto después del escándalo por el ataque al micro de Boca y justo el mismo día en que la Justicia autorizó al líder de la barra xeneize, Rafael Di Zeo, a viajar a España para intentar ver la final con River.
Pero a la vez se rehusaban a apoyar el texto tal cual lo mandó el Gobierno, que igualmente presionó para que no sufriera cambios y fuera aprobado hoy mismo.
Finalmente, los diputados cumplirán con el plazo pretendido por la Casa Rosada pero le torcieron el brazo sobre el contenido de la iniciativa, ya que el texto fue modificado de manera radical.
Los diputados del oficialismo y de la oposición afirman sin miramientos que el proyecto gubernamental, impulsado con fervor por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era malo, incurría en groseras incoherencias, como establecer la misma pena por vender entradas truchas que por homicidio simple, y estaba plagado de ambigüedades.
“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el Poder Legislativo”, lanzó anoche, en diálogo con periodistas acreditados, una diputada del oficialismo, para distinguir la intransigencia de los ministerios de Justicia y de Seguridad de la vocación de diálogo de los diputados de Cambiemos.
En este sentido, en los últimos días radicales y macristas estaban indignados con el Gobierno porque, en su decreto presidencial, Macri definió un temario sin consultar debidamente a sus propios diputados.
Se quejaban, por ejemplo, de que se encaprichó con la ley antibarras y a la vez excluyó a la nueva ley de alquileres, que, señalan, tiene amplio respaldo y estaba lista para ser debatida en el recinto.
Detalles
La ley tiene por objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional.
Convierte lo que hoy son meras contravenciones en figuras penales con el fin de "resguardar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas".
En su artículo 6º establece prisión de seis meses a dos años "al que tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir" en el marco de un espectáculo futbolístico.
También se establecen penas para la reventa de entradas y la venta de entradas truchas y también se castigará con prisión a quienes permitan el ingreso a los estadios de personas violentas que tengan prohibida la entrada.
En este sentido, la propuesta establece que el Ministerio de Seguridad "podrá prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona cuando por razonables pautas objetivas y debidamente fundadas considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública".
Es decir que será el Estado el que maneje el derecho de admisión y ya no exclusivamente los clubes de fútbol.
Es muy común en el fútbol argentino que los clubes permitan a los violentos ingresar a los estadios y seguir realizando negocios clandestinos relacionados con la actividad del club y los espectáculos.
En el artículo 12º, además, se determinan penas para quienes se ofrezcan a cuidar vehículos sin autorización (cuidacoches o trapitos).