Mauricio Macri podría convocar a sesiones extraordinarias en diciembre.


Después de la novela de la pelea por los asientos en el Consejo de la Magistratura, las relaciones entre radicales y macristas y las de Cambiemos con el peronismo quedaron lesionadas, y anticiparon el cierre de un año legislativo pobre, que dejó un tendal de proyectos de ley sin debatir.

Todo el mundo en el Palacio del Congreso coincide en afirmar que no hay clima político para realizar una sesión en Diputados ni en el Senado antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el viernes 30, pese a que algunos asuntos podrían perder estado parlamentario.

Además, es prácticamente imposible reunirse en el recinto con el paro de Aerolíneas Argentinas del lunes y la cumbre del G20 que se desarrollará entre el jueves y el sábado.

Pero en las últimas horas, ya con la espuma más baja, los diputados y senadores empezaron a acercar posiciones. Y en ese contexto, la Casa Rosada hizo saber que el presidente Mauricio Macri podría convocar a sesiones extraordinarias en diciembre.

De esta manera, quieren evitar el papelón de que, por peleas por cargos políticos, se cierren las persianas del Congreso y los diputados y senadores se tomen sus tres meses de vacaciones sin debatir ni siquiera iniciativas que ya tienen media sanción o ya obtuvieron dictámenes de comisiones.

Por ley es el Presidente el que convoca por decreto a sesiones extraordinarias y define qué proyectos pueden tratarse.

Pero como Cambiemos es minoría en ambas cámaras, los proyectos que vayan a tratarse deberán ser negociados con la oposición. Si no, no hay forma de aprobar nada.

Las conversaciones, según pudo saber VíaPaís, ya empezaron e involucran a Cambiemos y al PJ, considerado oposición dialoguista.

Impuesto clave

Tanto en el oficialismo como en el peronismo resaltan que el asunto más importante a debatir es el aumento en Bienes Personales, proyecto que el Senado devolvió a Diputados en revisión y es el único tema de peso que quedó pendiente de convertirse en ley de los que forman parte del acuerdo presupuestario entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La suba en Bienes Personales establece escalas del 0,25% al 0,75%, deja eximido del pago a los inmuebles rurales (tras un sigiloso lobby del campo) y establece que las propiedades en las que vivan sus dueños quedarán eximidas siempre que tengan hasta 18 millones de pesos de valuación fiscal. Esta última propuesta fue impulsada por el senador justicialista Miguel Pichetto.

No solamente la Casa Rosada quiere esta reforma tributaria convertida en ley sino también los gobernadores, porque Bienes Personales es un impuesto coparticipable y de su recaudación depende buena parte de la compensación por el recorte generalizado del Presupuesto 2019.

Elecciones

El otro proyecto que le interesa a la Casa Rosada es el que permite que las empresas privadas puedan financiar campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido.

Se trata de una modificación la ley de 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, que sí permite que las compañías privadas aporten dinero a los partidos para su desenvolvimiento institucional, pero no para financiar las campañas electorales.

La modificación a la ley obtuvo dictamen el pasado miércoles 7 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, después de un acuerdo entre senadores radicales, como la riojana Inés Brizuela y Doria y el chaqueño Ángel Rozas, y del interbloque Argentina Federal, que preside Pichetto.

Sin embargo, este dictamen sería dejado de lado para impulsar un proyecto de similares características, pero con un texto diferente, en la Cámara Baja. Al respecto, diputados y senadores dijeron a VíaPaís que ya hay conversaciones y que, si no es en extraordinarias, igualmente hay tiempo de debatir la iniciativa a partir de marzo, en ordinarias, porque la campaña arrancará formalmente el 12 de julio, según el calendario electoral que el Gobierno dio a conocer el 22 de octubre pasado.

Más temas

En carpeta quedan además varias iniciativas pendientes que podrían tener lugar en el temario que determine Macri.

Por ejemplo, la creación del Juzgado Federal de Tartagal (Salta) y la nueva ley de vacunas, ambas con dictamen y amplio apoyo, así como los pliegos de magistrados y ascensos diplomáticos y militares.

En Diputados se menciona también la posibilidad de incluir la creación del Parque Nacional Iberá, en Corrientes; la reforma del Código Procesal Penal y el acuerdo de complementariedad económica con Chile.

Con menos o casi nulas chances de tratarse este año figuran la ley de Extinción de Dominio, la ampliación de las licencias laborales, la nueva ley de medios, la ley de semillas, la obligación de que los jueces paguen Ganancias, la nueva ley de alquileres, el pliego del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el de la designada procuradora general de la Nación, Inés Weinberg de Roca.






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