El expresidente peruano Alan García pidió asilo en la embajada de Uruguay en Lima luego que un juez le prohibió salir del país mientras es investigado por presuntos delitos ligados al caso Odebrecht.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido el domingo, el embajador uruguayo Carlos Barros informó a la cancillería que García "ingresó en horas de la noche de ayer (sábado) a su residencia".
Por su parte, la presidencia de Uruguay indicó en un comunicado que García "le transmitió" su solicitud vía telefónica al presidente uruguayo Tabaré Vásquez y que seguirá el trámite de acuerdo a la normativa internacional.
El sábado por la tarde, el juez anticorrupción Juan Sánchez le ordenó a García permanecer 18 meses en Perú, ya que la fiscalía lo investiga por presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada por el cargo de haber recibido 100.000 dólares de dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht, maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García realizó en 2012, luego que su gobierno llegó a su fin en 2011.
"No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales", afirmó el presidente Martín Vizcarra en Twitter, en referencia a la solicitud de asilo de García, de 69 años.
"Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones", señaló el presidente Vizcarra vía Twitter. https://t.co/fop9wGNxvp
— Latina Noticias (@Latina_Noticias) November 18, 2018
El hecho de que haya pedido asilo modifica radicalmente la aparente confianza de García en salir exitoso de las investigaciones a las que está sometido. Luego que el juez le prohibió salir del país, el exmandatario afirmó en Twitter: "nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria".
Semanas atrás el expresidente repetía la frase "otros se venden, yo no", en referencia a las acusaciones por diversos delitos ligados a Odebrecht que pesan sobre los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Las pesquisas por la presunta corrupción ligada a Odebrecht llevaron hace poco a prisión provisional a la poderosa lideresa opositora Keiko Fujimori. Humala y su esposa también estuvieron encarcelados en 2017, mientras que Toledo se encuentra prófugo y afronta una extradición desde Estados Unidos.
En 2016 Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo 29 millones de dólares a los gobiernos de Perú.