El caso de Márcia Martins Mirand conmociona a todo Brasil. Esta asistente social, mamá de un niño de 4 años y una beba de 9 meses, estaba desaparecida desde el 2 de octubre y fue encontrada muerta, enterrada en una casa en la zona oeste de San Pablo.
La policía civil detuvo a sus suegros, Fernando Antonio Martins de Oliveira, de 62 años y María Izilda Pereira Miranda, de 60, quienes están acusados de engañar a la mujer con la excusa de ayudarla económicamente en la crianza de sus nietos y llevarla a un lugar para matarla.
El objetivo del homicidio era quedarse con la guarda de sus nietos. Las autoridades afirmaron que los abuelos le habían dicho al niño mayor que los llamara "papá y mamá", en vez de abuelo y abuela. "Tenían el deseo de criar a los niños como si fueran suyos", contaron los policías a los medios brasileños.
"Ella fue invitada a subirse a un auto para ir a ver la casa. Cuando llegaron, comenzaron a recorrer el inmueble y en una de las habitaciones le dieron un golpe en la cabeza y a partir de ahí se presume que la enterraron viva o la asfixiaron", reveló a Globo el detective Mário Sérgio de Oliveira Pinto, del Departamento de Estado de Homicidios y Protección de la persona (DHPP, por sus siglas en portugués)
De acuerdo con las fuentes, el DHPP le pidió a la justicia que extienda por 30 días más la prisión preventiva de la pareja y busca que continúen presos hasta que sean juzgados. El abogado de los acusados negó el crimen y pidió la libertad de sus defendidos.
La pareja había sido detenida el 18 de octubre, antes del hallazgo del cuerpo. Siempre se los consideró como los principales sospechosos de su desaparición.
El pasado jueves Márcia fue enterrada en el Cementerio Valle de la Paz, en Diadema. Allí la familia aprovechó para reclamar justicia.
"Espero que se haga justicia porque es lo único que nos queda. Las personas que hicieron esta barbaridad deben pagar por el crimen porque no tenían motivos para hacerlo. Fue una sorpresa para nosotros", dijo el papá de Márcia, Benevides Martins, de 79 años.
Para la policía el papá de los niños no tiene vinculación con el crimen y, por eso, le otorgaron la guarda.