Mientras Macri almorzaba con  Rosenkrantz y Highton de Nolasco, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti firmaron un fallo en contra del Estado.


Entre la celeridad y la transparencia que busca imprimirle una mayoría y el excesivo apego a los requerimientos y tiempos del Gobierno y su política de ajuste económico que pretendería su máxima autoridad. Así transcurre por estos días la actividad en el cuarto piso del palacio de los tribunales porteño donde los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen sus despachos.

La grieta virtual que se abrió al interior del quinteto quedó expuesta el martes pasado. En lo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó como un “hecho institucional”, el presidente Mauricio Macri y ministros almorzaron en la Casa Rosada con el presidente y la vice de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco; un tipo de encuentro sin precedentes.

Mientras que, casi en simultáneo, los tres que desistieron del convite enviaban un fuerte mensaje político. Ricardo Lorenzetti, el cordobés Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron ese día el acuerdo para devolverle a La Pampa millones de pesos de la coparticipación en una demanda tan añeja como las que a fines de 2015 tuvieron fallos favorables Santa Fe, Córdoba y San Luis. Además, Lorenzetti, desplazado por sorpresa hace poco más de un mes como presidente, le recordó a su sucesor la acordada 7 de 2004: si una de las partes pide reunirse con jueces del máximo tribunal, la contraparte debe estar presente; una referencia a la causa por haberes de jubilados pendiente de resolución por la Corte.

Sin embargo, fuentes cercanas al trío buscaron quitarle toda connotación política a los hechos del martes. “No se trata de una mayoría automática peronista, como gustan decir operadores judiciales del Gobierno cada vez que hay fallos contrarios a los que le prometen al Presidente”, dijeron a este portal. Tampoco hay “mayorías lineales”, aseguran: “Elegir presidente es un tema institucional que no se traslada automáticamente a lo jurídico”.

En esa misma línea, sostienen que la inasistencia al almuerzo se resolvió en la reunión del martes anterior, del mismo modo que el fallo sobre La Pampa saliera ese mismo día. Y no sin suspicacia, atribuyen a “impericia política” de Rosenkrantz haber puesto La Pampa en la agenda del martes: “Es falta de timming. En todo caso lo pasás al martes que viene. No está leyendo políticamente lo que pasa”.

A casi un mes y medio de la llegada de Rosenkrantz, en aquel sector mayoritario se coincide en que no cumple con los objetivos buscados con el desplazamiento de Lorenzetti: “Celeridad y transparencia”. “No las hay. De seguir así –chicanean-, hasta la participación que daba Lorenzetti (sabida es su concentración del poder) sería mayor”. La presunta falta de “transparencia” tiene que ver con nombramientos pedidos por Rosenkrantz dentro de la Corte de personas provenientes del sector privado, que implicarían un conflicto de intereses, dijeron esas fuentes, sin querer hacer nombres.

La carencia de “celeridad”, a su vez, estaría relacionada con que Rosenkrantz “pisa” cada asunto pendiente de fallo de la Corte en el que el Gobierno tiene algo en juego, en particular aquellos que pueden tener consecuencias presupuestarias adversas. Pero también le achacan presunta mora en decisiones administrativas (dependen de las firmas del presidente y de la vice). “Hay tribunales inferiores y cámaras en las que no se renuevan contratos y están al borde de la parálisis.

El trío busca por estas horas imprimirle a la Corte “celeridad” y, hasta donde está a su alcance, “transparencia”. Está empeñado en elaborar y hacer pública con acuerdo del quinteto una agenda con los causas a resolver en lo que resta del año judicial. Precisamente, las más “sensibles”, económica y/o políticamente, para el Gobierno. Entre las primeras, está el índice para el reajuste de las jubilaciones, impulsado por Lucio Orlando Blanco. La Corte avaló el Isbic (Indice de Salario Básico de la Industria de la Construcción) pero la Anses quiere aplicar el Ripte (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales): incluso a los que no hayan aceptado la reparación histórica. Esto supone pagos de por lo menos 30 por ciento inferiores. El trío fallaría a favor del reajuste mejor para los jubilados, en un caso similar a los otros 700 que tiene la Corte otros 700 y a los 150 mil que hay en otras instancias judiciales. También está desde hace años una causa menos conocida: un reclamo de ajustes salariales para personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Entre las políticas, la más sensible para el Gobierno es la llamada “2×1”. Ya hay una mayoría de votos para que se excluya de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, tal como la estableció la ley aprobada este año. Y otra política y económicamente cercana al Gobierno: si la cadena Farmacity podrá o no instalarse en la provincia de Buenos Aires; de esa cadena dijo en agosto pasado haberse desprendido de sus acciones quien fue uno de los vicejefes de Gabinete hasta mediados de año, Mario Quintana.

En cuanto a la “transparencia”, en la agenda también está una causa sobre el pago del impuesto a las Ganancias para todo el Poder Judicial sin excepción alguna.






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