El Gobierno reveló hoy que está investigando a la empresa Acindar por presuntas conductas anticompetitivas y eventual abuso de posición dominante, y de ser encontrada culpable podría ser expuesta al pago de una multa de hasta 4.000 millones de pesos.
La investigación fue abierta en abril de 2017 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), por pedido del secretario de Comercio, Miguel Braun.
Por los datos recabados hasta el momento, la acería fundada en 1942 tendría una posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de ello.
Según la investigación, la compañía tiene una participación estable en la producción nacional del 68 por ciento, de acuerdo con el promedio obtenido por la CNDC entre los años 2013 y 2016.
El 44,5% de la producción de la firma son barras de acero para hormigón armado; el 10,2%, alambres; el 8,8%, perfiles; el 8%, mallas; el 6,6%, alambrón; el 6,1%, barra laminada; 5,8%, planchuelas, 5,8 %; y otros, 10%.
El 65 por ciento de la distribución de la producción de Acindar está en manos de firmas que tienen contratos de exclusividad con la acería. Esto, estima la CNDC, podría estar impidiendo la normal competencia.
En el mercado también operan las empresas Sipar, Acerbrag y Zapla; en tanto, las importaciones tienen una participación de entre 11 y 12 por ciento en el mercado.
“Se trata de un rubro sensible porque incide determinantemente en la construcción, que es de gran importancia en la económica y el empleo en el país”, afirmó el presidente de la CNDC, Esteban Greco, al explicar la causa del inicio de la investigación.
El acero no plano es un producto con fuerte incidencia en la industria de la construcción, destacándose las barras de acero para hormigón armado (varillas corrugadas) que representa alrededor del 40% de las ventas de aceros no planos en la Argentina.
La acería, señaló Greco, tiene efectos sobre toda la economía, por lo que toda medida que logre mejorar las condiciones de competencia del mercado tiene una “gran relevancia”. Y eso buscará el Gobierno.
El funcionario señaló además que los precios de la empresa en el mercado interno llegaron a estar hasta un 40 por ciento por encima de la “Paridad de Importación”, por lo que se están analizando hubo “precios inflados” por parte de Acindar.
De ahora en adelante, la investigación se enfocará en la actividad de Acindar y se iniciará la recopilación de informaciones de carácter no público de la propia empresa y sus distribuidores, del resto de los proveedores de aceros no planos y de consumidores potencialmente afectados.
La investigación buscará constatar si hay o no abuso de posición dominante por parte de Acindar, particularmente como efecto de los contratos de distribución exclusiva que mantendría con los distribuidores.
Eso podría dificultar la entrada de importaciones a menores precios, por la imposibilidad de acceder a gran parte de la red de distribución ya establecida o que dificulte a los distribuidores bajar sus precios.
El análisis podría derivar en multas y/o recomendaciones de medidas gubernamentales pro-competitivas, ambas tendientes a lograr precios competitivos en los aceros no planos utilizados en la construcción y en otras actividades económicas.
Si al finalizar el proceso investigativo se detecta que hay una violación a la Ley de Defensa de la Competencia, la empresa podría ser multada por hasta el 30 por ciento de la facturación global de la compañía multiplicada por la cantidad de años en los que haya cometido ese ilícito.
Otra alternativa es una multa que equivalga al doble del beneficio presuntamente obtenido de forma ilícita, lo cual –según Greco- es complejo porque se trata de un análisis más contrafáctico.
Si ninguna de esas dos multas son posibles de aplicar por alguna cuestión excepcional, el Gobierno podría establecer “un valor explícito” de hasta 200 millones de “unidades móviles”, las cuales tienen un precio de 20 pesos por unidad. En ese último caso, la multa podría ascender a los 4.000 millones de pesos.