Es por irregularidades en el ingreso de un auto diplomático cuando era director de la Aduana. Había sido procesado por esta causa en junio pasado.


Diego Amarante, juez en lo penal económico, envió a juicio oral y público a Ricardo Echegaray por el delito de contrabando agravado de autos. Es que el exdirector de la Aduana autorizó el ingreso de un auto diplomático de manera irregular.

Es que Echegaray autorizó en 2006 la entrada al país de un auto a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina. Lo curioso es que el vehículo, que no pagó impuestos por ser destinado a un diplomático, luego fue vendido a un particular.

Además, Taiwan no tenía rango diplomático en ese año. Cabe destacar que tampoco se cumplió con lo establecido por reglamento, que indica la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por esta causa, al extitular de la AFIP le confirmaron el procesamiento en junio pasado. Además, está embargado en $ 5 millones.  

“(El trámite fue) irregular en su origen. El beneficio fue concedido por quien carecía de potestades para otorgarlo y mediando la opinión en contrario de quien se encontraba investido de esa facultad, fue acordado en favor de quien no podía recibirlo, y fue más amplió del que le hubiere correspondido incluso a aquellas personas o misiones que podían recibirlo”, había resuelto Amarante.

Aunque la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto era la autoridad de aplicación del régimen de franquicias diplomáticas, en la causa se determinó que el beneficio “fue solicitado directamente a la Dirección General de Aduanas y resuelto en ese organismo sin intervención alguna de aquel otro que era el que debía expedirse sobre el particular”.

Asimismo, el magistrado había planteado que “la República de China (Taiwan) no es un estado oficialmente reconocido por la República Argentina, y que el beneficio otorgado “excedió incluso el que podía otorgarse regularmente a diplomáticos extranjeros debidamente acreditados en el país, y observando el trámite legal correspondiente”.





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