Comenzó en las redes sociales bajo el lema "Iglesia y Estado, asunto separado". La movida que se identifica con pañuelos anaranjados y que busca instalar el debate sobre el sostenimiento del Estado a la Iglesia Católica ya llegó a formar parte de conversaciones entre el Gobierno y representantes religiosos.
Aunque de ambas partes sostienen que a la idea le falta madurar, reconocen que la idea está cada vez más difundida y que ya ha habido conversaciones al respecto en Casa Rosada.
El tema -que ya ha sido objeto de debate en otras oportunidades- se reavivó después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, revelara en uno de sus informes a la Cámara de Diputados, que el Estado destinaba $130 millones anuales a las asignaciones por diócesis, para el pago de los haberes de los obispos, entre otros gastos. Además, la Iglesia cuenta con subsidios (a las escuelas religiosas, por ejemplo) y exenciones impositivas.
Mientras tanto, en el Congreso ya circulan proyectos que buscan replantear este financiamiento estatal del culto católico. Los radicales Carla Carrizo (Evolución) y Alejandro Echegaray (Cambiemos) presentaron los suyos este año. El de Carrizo propone que los obispos cobren lo mismo que un docente universitario con dedicación exclusiva, y el de Echegaray busca la derogación de algunos decretos -firmados durante la última dictadura- que ordenan el pago de asignaciones mensuales a funcionarios de la iglesia.