Un grupo de abogados y juristas argentinos entregó este martes a los 72 senadores nacionales una carta en la que advierte de las "graves falencias jurídicas" del proyecto para legalizar el aborto que deberá analizar la Cámara Alta.
En la misiva, los expertos alertan "sobre la alta litigiosidad que vendrá ante la aplicación de la norma" en caso de que sea aprobada por el Senado y promulgada por el presidente, Mauricio Macri.
Los letrados solicitaron que la iniciativa, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados, sea revisada "con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado".
En la misiva, de cinco páginas, los juristas objetan que el proyecto "pretende ser presentado como una despenalización del aborto cuando, en realidad, constituye una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias a través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional".
De acuerdo a los juristas, la iniciativa "viola de forma clara y evidente" el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que expresa que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida".
A juicio de los expertos, el proyecto también viola el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, que resguarda "el derecho intrínseco a la vida" de todo menor de edad, y que en el caso argentino, se extiende a todo niño "desde el momento de su concepción".
Los expertos remarcaron que "el Congreso no puede sancionar una norma de rango inferior que viole de forma tan clara normas de jerarquía superior".
"Se aspira a crear un derecho al aborto con fondos públicos que puede ser ejercido hasta el momento mismo del nacimiento, con amenaza de cárcel para los médicos", advierten los especialistas.
Entre quienes firman el documento figuran los exconvencionales constituyentes Eduardo Menem, Rodolfo Barra y Fernando López de Zavalía; los académicos Alberto Bianchi, Alfredo Vítolo, Estela Sacristán, Ricardo Ramírez Calvo y Félix Montilla Zavalía; el fiscal José María Campagnoli, y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, entre otros.