El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó, por considerarlo "arbitrario" y "politizado", un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves abusos cometidos y la impunidad generalizada en Venezuela.
El informe de la ONU documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los "criminales" sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
Como respuesta, la Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe al señalar que es el "resultado de una metodología altamente cuestionable" e indicó que "constituye un acto arbitrario" que "usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos" de la organización.
Así, el Gobierno venezolano aseguró que el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, se hace cómplice de "la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela", al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses.