El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reveló que durante 2017 más de 26 mil celulares fueron confiscados en 56 penales. Según una investigación del diario Perfil llevada a cabo por Nadia Galán y Leonardo Nieva, las requisas sorpresivas realizadas en el primer cuatrimestre de este año ya llevan 7.822 teléfonos secuestrados.
La tenencia de este objeto es considerada una "falta grave". Como consecuencia, al interno se le puede abrir un "parte disciplinario". De todas formas, resulta imposible hacer una denuncia formal ya que no existe una ley que prohíba usar celulares en las cárceles.
Por otra parte, los penales de Buenos Aires, así como la mayoría en el resto del país, no cuentan con inhibidores de dispositivos móviles. ¿El motivo? Carencia de infraestructura o problemas de interferencia con la señal, entre otros.
"Adentro de los penales hay un mini comercio alrededor de los celulares. Las partes se venden o alquilan", comentó una fuente. El ingreso se produce mediante los familiares de los presos o algunos guardiacárceles que actúan como nexos.