Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita y ordenaron un embargo por $10.000 millones

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada hoy por el delito de asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional al detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno, según el fallo firmado hoy por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Ercolini estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada", habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015. 

"Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", remarca el dictamen. 

En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país".