Dos jueces federales le pidieron al gobierno nacional que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual le permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando una ley del Congreso de la Nación lo prohibía expresamente.
Se trata de dos expedientes que iniciaron la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", a cargo de la jueza Rita Ailán, y el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que lleva adelante el juez Esteban Furnari.
Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual ante una demanda contra el Estado se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra.
La jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. Por su parte, Furnari tomó ayer la misma decisión para que en tres días el Poder Ejecutivo también conteste.
Una vez que las respuestas lleguen a los juzgados –lo que podría ocurrir recién en febrero tras la feria judicial que comienza el lunes– los magistrados quedarán en condiciones de resolver si suspenden la aplicación del decreto.
La medida generó duras críticas de la oposición que señalaron que Macri había dictado el decreto para beneficiar a su papá, el empresario Franco Macri.
