Una asamblea de mineros impidió por más de 15 horas la salida de seis funcionarios de la intervención de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y un jefe de Gendarmeria, en una protesta para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos.
Los funcionarios y el gendarme fueron liberados este martes a alrededor de las 6 de la mañana, mientras que el interventor de YCRT, Omar Zeidán, denunció una "zona liberada" por la Policía de Santa Cruz, además de responsabilizar por lo ocurrido a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner.
La salida de los funcionarios ocurrió "sin incidentes ya que quedaban pocos manifestantes afuera" de la vivienda donde estuvieron retenidos, dijeron fuentes oficiales a Télam.
La asamblea había sido convocada "en defensa del convenio colectivo de trabajo y la puesta en marcha de la central termoeléctrica", según delegados sindicales.
Pero Zeidán calificó al hecho como "secuestro y privación de libertad" y culpó a la gobernadora de incumplir con las medidas de seguridad del complejo minero.
Todo comenzó el sábado en la casa 51, en el complejo de YCRT donde viven los funcionarios que trabajan en la empresa, cuando se hacía una reunión de las autoridades para analizar la reforma denominada "Nueva YCRT" que se pondrá en marcha desde este martes.
La vivienda fue completamente rodeada por manifestantes que participaban de una asamblea intersindical que se iba a hacer en el Centro Cultural de Río Turbio pero se trasladó al complejo de YCRT, según fuentes oficiales.
Zeidán sostuvo que los mineros mantuvieron "en calidad de rehenes" a seis funcionarios de la empresa, entre ellos el coordinador General Sergio Lumachi, y dos subgerentes, además del jefe del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, José Luis Arguello, quien había acudido al lugar "para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo".
El interventor de YCRT sostuvo en su comunicado que "personajes de dudosa moral, envalentonados en la impunidad que les brindan políticamente sectores vinculados con el kirchnerismo" entraron a las casas 50 y 51, donde "rompieron todo".
"Hago responsable a la gobernadora Alicia Kirchner, porque está incumpliendo el acta acuerdo firmada con el gobierno nacional y la Gendarmería y es evidente que la Policía provincial ha liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca", subrayó Zeidán.