El represor fue incluido en una lista de "reclusos sugeridos" para acceder a prisión domiciliaria. 


El Servicio Penitenciario Federal (SPF) sostuvo que liberar a los condenados es “una potestad que le corresponde al Poder Judicial”, en respuesta a la inclusión del represor Alfredo Astiz en una lista de detenidos que se encuentran en condiciones de acceder a condiciones alternativas de prisión y que confeccionó esa fuerza de seguridad.

“Por imperio legal, es el Poder Judicial quien otorga los beneficios de egreso y libertades de las personas por cumplimiento de las condenas y también quienes se incorporar al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”, señaló el SPF a través de un comunicado, que no menciona la situación de Astiz o de otros condenados por delitos de lesa humanidad.

La institución aseguró que desde 2016 se elaboran informes mensuales sobre la cantidad de procesados y condenados que están en condiciones de acceder a distintos institutos previstos por la ley y los organismos internacionales.

Asimismo, se detalla que se evaluó la situación de los detenidos extranjeros, que representan el 25 por ciento de la población carcelaria, y que 800 de ellos podrían ser “expulsados” del país en función de la aplicación de los criterios de egreso que se encuentran vigentes.

Por último, el SPF aclara que elabora con estos informes ?una imagen objetiva y universal?, y que luego el Poder Judicial debe considerar cada caso de ?manera individual?. Hoy trascendió que el genocida, condenado a cadena perpetua en dos oportunidades por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar, podría acceder al beneficio del arresto domiciliaria porque figura en una nómina de detenidos que padecen enfermedades oncológicas. Astiz, de 67 años, padece cáncer de próstata, pero no pidió hasta ahora un cambio en sus condiciones de detención al Tribunal Oral Federal Número 5, la instancia judicial que lo condenó en dos oportunidades y que debe decidir sobre una eventual libertad condicional.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expresó su oposición a que se le otorgue prisión domiciliaria al represor.

“Expresamos una vez más nuestra posición institucional de oposición y rechazo”, dijo el funcionario a través de redes sociales.




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