La Comisión de Reforma del Código Penal, creada por el Gobierno nacional hace un año, estudia diversos cambios en la investigación y sanción de los delitos de corrupción, incluidos el recupero de dinero sustraído al Estado y penas de cumplimiento efectivo.
La Comisión que preside el juez federal Mariano Borinsky prevé modificar el Título XI del Código Penal, que comprende los delitos de corrupción e incorporar un nuevo capítulo que agrupe los delitos de cohecho, dádivas, tráfico de influencias, soborno trasnacional, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Con la idea de "fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo", la reforma apunta a establecer escalas penales con de 4 a 12 años de prisión.
También propone extender el período en el que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos desde la fecha de la elección popular hasta seis años después de haber cesado en el cargo.
Además, propicia que se incorpore al Código Penal el delito de soborno entre privados, que abarca los casos en los que intervengan tanto personas físicas como jurídicas, por caso empresas.
Otro aspecto saliente de la reforma es que también apunta al "recupero por parte del Estado de los bienes sustraídos desde el inicio mismo de la causa penal".
La Comisión estudia asimismo la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar delitos de corrupción cometidos en otros países con participación de argentinos, la actualización de las multas y la responsabilidad de las personas jurídicas.
Finalmente, la Comisión examina la posibilidad de limitar beneficios como la libertad condicional respecto de las personas condenadas por delitos de corrupción