El Congreso unicameral de Perú rechazó el pedido de destitución presentado por la oposición contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por una supuesta "permanente incapacidad moral" por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Tras una sesión de más de 13 horas, el pedido de vacancia obtuvo anoche 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones y fue rechazado, porque la ley indica que necesitaba del apoyo mínimo de 87 de los 130 legisladores, según consignaron las agencias Andina y EFE.
En la decisión final tuvieron un rol decisivo los legisladores del bloque de izquierda Nuevo Perú, que se retiraron antes de la votación y exhibieron carteles que decían "Ni golpismo ni lobbismo".
Sin embargo, también ocurrió la sorpresiva abstención de 10 legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el Congreso y había anunciado una votación en bloque a favor de la destitución de Kuczynski.
La votación se dio tras un debate que estuvo precedido por la defensa que hizo Kuczynski ante el pleno durante más de dos horas, acompañado por su abogado, Alberto Borea.
En su alegato, Kuczynski pidió a los congresistas que "salven la democracia" y rechacen el pedido de destitución, a la vez que negó haber favorecido a Odebrecht o mentido en su relación con esa constructora.
El jefe de Estado peruano se presentó ante los legisladores para defenderse de la moción de vacancia por "permanente incapacidad moral", solicitada por la asesoría financiera que su empresa Westfield Capital dio a Odebrecht entre 2004 y 2007 por un proyecto de irrigación en Perú.
También pidió disculpas porque, según dijo, debió "ser el primero en advertir las dificultades para sanar las heridas, tras la contienda democrática" de 2016, en las que venció por estrecho margen a la actual líder opositora, Keiko Fujimori.
"No está en juego mi permanencia en el cargo, está en juego la estabilidad democrática, no apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo no olvida, ni perdona", expresó el mandatario.
Kuczynski reiteró que es propietario de Westfield Capital, dedicada a asesorías financieras desde 1992, y que cuando fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) esa compañía era gestionada por su ex socio Gerardo Sepúlveda.
Remarcó que "la norma prohíbe que (un funcionario público) gestione intereses propios o de terceros, pero los dividendos que un empresario recibe por parte de una empresa son por la propiedad de la misma, no por su gestión".
"Soy un hombre honesto, jamás he recibido una coima o un soborno, que haya torcido mi voluntad. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Gobierno, jamás incurrí en conflicto de intereses", sostuvo.
