La fórmula propuesta de movilidad jubilatoria, enviada al Congreso por el Ejecutivo, presenta un binomio relacionado a una fórmula ajustada en un 50% a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables).
De esta manera, las jubilaciones se moverán al ritmo de los salarios del sector formal, teniendo en cuenta el aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).
En ese sentido, el RIPTE en el segundo semestre de 2020 aumenta un 11,4% y un 15,3% en el primero de 2021.
En tanto, en el proyecto oficial, la fórmula tiene techo, dado por la evolución de la recaudación total de la ANSeS, durante los últimos 12 meses, incrementada en un 3% anual. De esta manera, los ingresos de la ANSeS marcan el límite a la movilidad previsional al margen de la inflación y la propia evolución de los salarios.
De acuerdo al Gobierno, “este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”.
Se estima que en marzo de 2021 la suba sea del 11,9% y en septiembre del 18,2%, con una inflación proyectada del 29%. De ser así, los siete millones de jubilados recuperarían, por segundo año consecutivo, su poder adquisitivo.
