El proyecto de reforma de los tribunales de Comodoro Py obtendrá la media sanción la semana que viene en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, pero en Diputados al oficialismo le faltan votos y nada parece indicar que se vaya a revertir esa desventaja.
Lo mismo ocurre en el Senado con el pliego de Daniel Rafecas a procurador general de la Nación: Alberto Fernández lo propuso en diciembre, pero para ser designado se necesitan los dos tercios, que el oficialismo no tiene ni los tendrá, a juzgar por la dura postura que adoptaron 29 senadores opositores.
Además de esta ley, que crea una nueva Justicia Federal Penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia, el paquete de reforma judicial se compone de otras tres propuestas, cuyo diseño fue encomendado a una comisión de juristas expertos.
Los anteproyectos que elaborarán los expertos —entre quienes figura Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner— atañen a la Corte Suprema, con el posible aumento de su cantidad de integrantes; al Ministerio Público, el mundo de los fiscales federales, y al Consejo de la Magistratura, encargado de los concursos y la selección de los jueces federales.
Esa parte de la reforma judicial de la Casa Rosada corre a una velocidad más lenta que la del proyecto de ley, de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que le costará al Estado 1.939 millones de pesos en creación de nuevos cargos, y que avanza en la Cámara Alta.
Pero no parece que fuera a ser convertida finalmente en ley, si se toma nota de los rechazos anticipados del peronismo no kirchnerista y otros bloques, que suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.
Esta vez —y sobre todo tras la marcha del lunes 17— no quieren saber nada con quedar pegados a una reforma a la que no sólo consideran inoportuna e inconveniente en su redacción, sino también peligrosa en lo político, porque buena parte del electorado la asocia directamente con un plan para salvar de la cárcel a la vicepresidenta, investigada en varias causas de corrupción.
"No hay apuro con la reforma judicial, tenemos todo el año legislativo para debatirla", dijo Sergio Massa, en el programa de Viviana Canosa de Canal 9.
Como presidente de la Cámara Baja, Massa está al tanto de los números. A juzgar por los rechazos anticipados, una vez girada la media sanción del Senado, el oficialismo hoy por hoy sólo obtendría 126 apoyos, sumando nueve aliados, contra los 129 rechazos de la oposición.
Eventuales ausencias podrían jugar un rol clave, pero sería extraño que el oficialismo convocase a una sesión para perder una votación, sin tener el número firme, y más tratándose de un proyecto del Presidente de la Nación.
Es decir que el proyecto de ley que inaugura la reforma judicial podría quedar en la nada, así como el pliego de Rafecas, una designación considerada clave para la esquema judicial impulsado por Alberto Fernández, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Intereses
Quienes conocen el mundo judicial afirman que, contrariamente a lo que suponen en Juntos por el Cambio, el verdadero interesado en la reforma es el Presidente, en acuerdo con los mismos magistrados federales, y no la vicepresidenta, que se juega su suerte en instancias judiciales superiores.
Afirman, inclusive, que a la presidenta del Senado no le importa ni siquiera la designación de Rafecas, pliego al que dan por caído, y sí el desplazamiento del actual procurador, Eduardo Casal, para que pueda asumir en su lugar Víctor Abramovich, un funcionario judicial afín al ideario kirchnerista.
Desmentida
Rafecas aclaró este jueves que no declinó su postulación a jefe de los fiscales federales. "La pandemia demoró el tratamiento del pliego. Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo", dijo en su cuenta de Instagram, después de que trascendieran, en una nota de Infobae, apreciaciones sobre la reforma judicial que realizó en una reunión por videollamada.
Por ejemplo, expresó su disgusto con los ataques del kirchnerismo a Casal y advirtió: "No cuenten conmigo, no acepto que se elija al procurador con mayoría simple".
Aludió así a la supuesta intención de facilitar, con la reforma judicial, la mayoría requerida para el nombramiento del jefe de los fiscales federales: la mitad más uno en vez de los dos tercios de los presentes. Rafecas entiende que esto le quitaría legitimidad a su nombramiento.
También dijo: "Me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para reformar la Justicia con un proyecto que atrasa 50 años. Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio".
Esa, precisamente, es la crítica central que realizaron los juristas —tanto los opositores como inclusive los más afines al oficialismo— que expusieron durante las últimas dos semanas en las reuniones del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, que el miércoles firmaron los dictámenes sobre la iniciativa.
Aunque en política siempre pueden surgir giros sorpresivos, la reforma judicial, por estas horas, parece tener el mismo destino que la expropiación de Vicentin.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.