Diputadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y de la izquierda buscan avanzar en un consenso para poder sancionar en los próximos meses en la Cámara de Diputados un proyecto de inclusión laboral para las personas trans travestis, donde se dispone que el Estado Nacional deberá asegurar un cupo para contratar empleados de esta población.
La Comisión de Mujeres y Diversidad abrió esta semana el debate de un paquete de iniciativas que proponen que las personas trans travestis tengan un cupo entre el 0,5 por ciento y el 1,5 de en la Administración Publica Nacional, sistema de capacitación y financiamiento de microempredimientos.
Las organizaciones que agrupan a estos colectivos vienen reclamando que se establezca la inclusión para sus integrantes, ya que tienen graves problemas de acceder a un trabajo estable, debido a que en su mayoría se dedican al trabajo sexual y su nivel educativo es precario.
Los proyectos fueron presentados por las presidenta de las comisiones de Mujer, Monica Macha (Frente de Todos) y de Legislación del Trabajo Vanesa Siley; la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Alvarez, la diputada de Todos Gabriela Estévez, el diputado Leonardo Grosso, la radical Brenda Austin, y la diputada de izquierda Romina Pla, entre otros.
Las comisiones de Mujer y Diversión y Legislación del Trabajo deberán abordar este conjunto de iniciativas para tratar de consensuar un dictamen, para que pueda tener la posibilidad de ser sancionado en el recinto de sesiones antes de fin de año.
El esquema que diseñó el grupo asesor -conducido por Macha- es realizar tres audiencias -una ya se efectivizó el martes pasado- donde se recibirán las opiniones de organizaciones, especialistas en género y diversidad y funcionarios y luego comenzar a analizar los proyectos a través de los asesores.
"Apostamos a poder construir un dictamen de consenso y poder lograr derechos fundamentales para el colectivo travesti trans", dijo Macha en declaraciones a Télam.
La legisladora oficialista destacó: "Creo que estamos en condiciones de avanzar en la ley, mas allá de las reuniones informativas que estamos realizando y luego que hagamos las reuniones de asesores para discutir el dictamen, de aquí a noviembre podemos lograr el paso por el recinto de sesiones de diputados y que se trate en el Senado también".
Señaló que los ejes centrales de esa ley deberán contemplar "el acceso al trabajo formal y que la formación educativa se haga en paralelo y no que sea un requisito para tener ese empleo".
Destacó que también se tiene que establecer que los antecedentes penales "queden en un segundo plano -excepto en un delito grave- ya que la mayoría de los colectivos trans travestis tienen causas en la justicia o comisarías, básicamente por situaciones de persecución o violencia institucional con lo cual no se pueden tomar del mismo modo para otras personas".
Por su parte, la diputada radical Brenda Austin señaló que "es muy auspicioso que se haya puesto en agenda con las reuniones informativas la problemática de las personas trans travestis ya que hay muchos proyectos que abordan la inclusión laboral y otros plantean, como el nuestro, una visión integral".
"La idea que tenemos es que no solo se tiene que aprobar un cupo de inclusión laboral sino abordar la problemática de los colectivos trans travestis; en especial el tema educativo ya que solo el 32 por ciento logró terminar la secundaria y eso se traduce en menores posibilidades laborales, y es uno de los temas centrales con la discriminación que sufren en la niñez y adolescencia trans", agregó.
En ese marco, Austin dijo que "en general todos los proyectos plantean que por lo menos el cupo del personal trans tiene ser del 0,5 por ciento del personal de la Administración Pública, pero nosotros también queremos incluir a las Universidades Nacionales".
Todos los proyectos presentados incluyen el cupo que debe tener el Estado para el personal trans travesti pero no coinciden sobre el porcentaje: las iniciativas de Alvarez Rodríguez y Macha lo ubican en el 1,5 por ciento, mientras que Romina del Pla y Austin proponen que sea del 0,5 por ciento, pero en éste ultimo caso suma también a las empresas concesionarias de servicios públicos.
En todas las iniciativas se contempla la capacitación y formación educativa de las personas trans travestis, un sistema de acceso a la salud, e incluso en el proyecto de la diputada oficialista Gabriela Estévez se propone crear una linea de subsidios para el financiamiento de microemprendimientos y establecer un sistema de incentivos para las empresas privadas.
