Aborto legal, reforma judicial, creación del Consejo Económico y Social e impuesto a la riqueza son asuntos que no se pueden discutir por videollamada. Eso cree Juntos por el Cambio, que insistirá en realizar sesiones presenciales para discutir estos temas, de grueso calibre, que el Poder Ejecutivo y el oficialismo podrían presentar en los próximos días.
Los tres primeros proyectos le pertenecen al Poder Ejecutivo y fueron anunciados por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, once días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia a la enfermedad respiratoria Covid-19 y 19 días antes de que empezara a regir por decreto en todo el territorio nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La Argentina era otra aquel 1º de marzo, pero también es otra ahora, que el Congreso volvió a votar leyes, después de que el Senado estuvo 62 días sin sesionar y Diputados, 75.
Sergio Massa y Cristina Kirchner se anotaron una victoria política con la realización sin inconvenientes de las sesiones virtuales de Diputados y del Senado del miércoles pasado.
En la Cámara Baja hubo mínimos problemas a la hora de votar, porque unos pocos diputados no pudieron emitir su voto y debieron cantarlo o inclusive hacerlo por señas, porque no se los escuchaba, lo que no fue considerado algo grave a los fines de que los legisladores cumplieran su función: pronunciarse sobre los proyectos de ley.
En la Cámara Alta, a su vez, se registró un mínimo problema: la sesión estuvo parada 15 minutos porque falló la conexión mientras hablaba el senador macrista Esteban Bullrich. Pero al retomar la palabra el debate prosiguió sin trastabillar hasta el final.
Pero para Juntos por el Cambio no es lo mismo sesionar por internet que reunir a los 257 diputados y a los 72 en sus recintos.
El jefe de ese interbloque opositor en la Cámara Baja, el radical Mario Negri, lo dejó en claro en la misma madrugada del jueves, al señalar que las sesiones mixtas —no las define como virtuales, porque no cree en ellas— son sólo para cuestiones preacordadas, y que los verdaderos debates serán "face to face", cara a cara.
En efecto, aunque todos los diputados y senadores estuvieron conectados a una sala virtual —una para cada cámara, por supuesto—, en el recinto de la Cámara Baja pudieron estar presentes Massa y 46 diputados, a quienes se sumaron trabajadores de distintas áreas.
La panorámica no mostró un recinto tan despoblado como el que ameritaba el distanciamiento físico que mandan las circunstancias.
Ni hablar del salón de los Pasos Perdidos, contiguo al recinto, que permaneció prácticamente lleno de personas, entre diputados que salían a dar notas, periodistas, cámaras de televisión, voceros de prensa, asesores, técnicos y demás personal de la Cámara.
En la Cámara Alta, cuyo recinto es más pequeño, estuvieron Cristina, las autoridades institucionales y las autoridades políticas de la cámara (los senadores Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional, y los tres vicepresidentes, Martín Lousteau, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado). El distanciamiento físico en el Senado sí fue más notorio.
La oposición presionará en los próximos días para retomar las sesiones presenciales cuando llegue el momento de debatir temas calientes. Propone buscar lugares más amplios para las reuniones, como el teatro Colón o la Sala Sinfónica (ex Ballena Azul) del CCK o la Usina del Arte.
En Diputados el protocolo de sesiones tiene una duración de 30 días, que puede ser prorrogada. En el caso del Senado es de 90 días y, según el decreto parlamentario dictado por Cristina Kirchner, los temarios estarán circunscriptos a asuntos relacionados con la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la enfermedad respiratoria que ocasiona el coronavirus SARS-CoV-2, y a proyectos de ley que envíe el Poder Ejecutivo.
Esto significa que al menos en el Senado no podrá discutirse en sesión virtual el proyecto —aun no presentado en Diputados, cámara de origen— de creación de un impuesto por única vez para las grandes fortunas.
La iniciativa es del diputado Carlos Heller y cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández. Establece un gravamen del 2 por ciento para patrimonios superiores a los 100 millones de pesos.
En cambio, el Senado —y Diputados también, porque Massa no dispuso ninguna restricción sobre los temarios— sí está habilitado por Cristina para debatir y votar por computadora proyectos del Ejecutivo tales como el aborto legal —aunque suena improbable—, la creación del Consejo Económico y Social y nada menos la reforma judicial, que pone los pelos de punta en JPC.
En el espacio integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI sospechan que, tras las intenciones nobles enumeradas el 1º de marzo por Fernández —y aplaudidas por no pocos opositores—, se esconde un avance del poder político sobre la Justicia.
El oficialismo, por lo pronto, se propone esta semana avanzar en el debate de asuntos de manera telemática.
El lunes, por caso, en la Cámara Baja se reunirán por Webex las comisiones de Salud, para debatir y proyecto de habilitación de recetas médicas electrónicas, y la de Transporte, para discutir un beneficio de no pago del boleto de colectivo para trabajadores que cumplen tareas esenciales en el marco de la pandemia, además de diversos conflictos provinciales suscitados en las últimas semanas como consecuencia de la parálisis de los servicios de transporte.
Y es probable que este mismo miércoles se realice una nueva sesión virtual en la Cámara Baja para debatir las recetas médicas electrónicas y probablemente el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, que mandó Fernández después de haber derogado una ley similar sancionada el año pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri.