El procurador pidió a la Corte Bonaerense dar marcha atrás con las excarcelaciones masivas

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió el fallo que habilitaba la prisión domiciliaria masiva de reclusos que integran el grupo de riesgo en caso de contagio de coronavirus y que había generado amplias críticas de diversos sectores de la sociedad y familiares de víctimas.

El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, le pidió a la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que revoque el fallo del juez de Casación Víctor Violini que habilitaba las excarcelaciones masivas. Según informó Clarín, Conte Grand firmó durante la noche del martes el dictamen con el que avaló la presentación del fiscal ante Casación, Carlos Altuve, quien había advertido por la gravedad del fallo de Violini.

El máximo tribunal del distrito argentino declaró admisible el recurso de queja presentado por la fiscalía y suspendió provisionalmente el hábeas corpus colectivo del Tribunal de Casación Penal de la provincia, informaron fuentes judiciales.

La Corte resolverá en tanto en los próximos días la cuestión de fondo, acerca de si las excarcelaciones colectivas son correctas o fueron mal concedidas.

Los fallos judiciales que habilitaron la prisión domiciliaria a reclusos en grupos de riesgo, entre ellos un hombre acusado de violar a una menor pese a que la medida no beneficiaba a condenados o sospechados de delitos graves, generaron un fuerte repudio social en un masivo "cacerolazo" de protesta el jueves pasado.

Familiares de víctimas y agrupaciones feministas también que se otorgue el arresto domiciliario a "aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosas para la sociedad".

Ante la reacción popular, el presidente argentino, Alberto Fernández, aclaró a través de la red social Twitter su "oposición a ejercer la facultad del indulto". "Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados" y subrayó que la decisión "está en manos de los tribunales".

La ministra de Justicia argentina, Marcela Losardo, también separó al Gobierno de las decisiones judiciales y aseguró que "no existe un plan de liberación generalizada de presos", al aclarar que de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal de todo el país, "salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial".

En tanto, se estima que varios cientos de presos fueron beneficiados con la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires.