El juez de la Cámara Federal Penal, Mariano Borinsky, reconoció este miércoles que "no hay suficientes" pulseras electrónicas para controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias que se autoricen frente a la pandemia del coronavirus, aunque aclaró que esa no es la única medida que contempla la ley para realizar los monitoreos.
"El Ministerio de Justicia informó que no había suficientes", remarcó Borinsky en declaraciones a TN, cuando se le consultó sobre la cantidad disponible de esos dispositivos. Sin embargo, recordó que "el artículo 210 que habla de las medidas de coerción, marca que la pulsera electrónica es una de las medidas y que hay otras como la retención de documentos y la prohibición para salir de determinados lugares o acercarse a determinados lugares".
El magistrado indicó que en el Servicio Penitenciario Federal hay unas 14.000 personas detenidas, de las cuales se identificaron a unas 1280 que se encuentran en riesgo ante el avance del coronavirus. Y remarcó que en el último mes se impulsaron 600 pedidos para accedera a prisiones domiciliarias y que solamente “seis personas” han sido autorizadas.
"La Cámara ha dictado una acordada para transmitir tranquilidad y en la acordada se señaló expresamente que es para delitos no violentos, para penas inferiores a los tres años, para mujeres embarazadas que están en situación de peligro. Y expresamente se excluyó a los delitos graves. Y primero se escucha a la víctima. No se va a decidir nada sin escuchar a las víctimas", indicó Borinsky frente a la polémica que se generó por las excarcelaciones.
Seguido, remarcó que “en 600 casos que entraron este mes en el marco del turno de la Cámara de Casación Penal, 6 personas han sido indicada en prisión domiciliaria”.
“Estamos hablando del 1%. No aplica en la Justicia Federal este concepto que se instaló y que tiene que ver con cada situación provincial, y ahí es donde distinguimos la Justicia Federal de la provincial, de la local, donde ahí sí depende de la autonomía de cada provincia”, dijo para diferenciarse de la situación que se produjo fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde ya se efectivizaron las salidas de 300 detenidos para que cumplan prisión domiciliaria.
Al respecto, el representante de la Justicia Federal advirtió: "Cada caso lo resuelve el juez, no hay una norma en nuestro sistema constitucional. En un sistema sistema constitucional difuso, en el cual cada juez es el que decide, y es el principal interesado en que se cumpla la condena que dictó".
Y puntualmente sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, indicó que ello es “competencia de la Suprema Corte de Justicia”, el máximo tribunal en ese distrito, “que validará o no lo que se hizo en este caso”.
La polémica comenzó a instalarse el pasado 18 de abril, cuando se conoció que unos 300 presos que pertenecen al grupo de riesgo ante el posible contagio de coronavirus y que estaban alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires ya fueron excarcelados bajo distintos mecanismos de morigeración desde que entró en vigencia el aislamiento social y preventivo decretado por el gobierno nacional.
Según informó Télam. hay alrededor de 800 casos de presos que se encuentran dentro de la población de riesgo que ya tienen un fallo judicial favorable para continuar su detención en sus domicilios, pero solo 300 de ellos ya fueron externados y el resto aguardan que se resuelvan distintas apelaciones.
El 16 de marzo pasado, el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, había instruido mediante una resolución a los defensores públicos de toda la provincia a que evalúen la posibilidad de requerir medidas de prisión domiciliaria o morigeración de la prisión preventiva respecto a privados de la libertad que "por razones de salud pública requieran una protección por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".
Ante esta situación, los defensores públicos presentaron un hábeas corpus colectivo para 2.600 presos de cárceles bonaerenses mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o que padecen alguna insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca, o con diabetes, o con patologías oncológicas, entre otras.
El 8 de abril último, el Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar al hábeas corpus colectivo y ordenó que sean los juzgados o tribunales que intervienen en cada caso en particular quienes otorguen o no las prisiones domiciliarias.