Así lo afirmó Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, luego de que un juez declare la inconstitucionalidad de la acordada para conceder arrestos domiciliarios.


El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió este miércoles que los jueces no podrían autorizar la salida de presos sin que se garanticen los controles con la tobillera electrónica, aunque relativizó la posibilidad de avanzar con juicios políticos contra los magistrados que cometan irregularidades en ese proceso.

“Cuando nosotros resolvemos que corresponde la libertad, que no son muchos los casos, resolvemos que el juez de primera instancia le pida al poder político la tobillera electrónica. Si no hay tobillera electrónica no estaría facultado para salir. En todos los pasos tenemos que ser estrictos”, remarcó el titular de la Magistratura.

Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura. (Web)

En declaraciones a TN, el titular del organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces, las prisiones domiciliarias que se autoricen ante los pedidos que impulsaron las personas detenidas por el coronavirus deben hacerse “de forma precisa, razonable y con los elementos que demuestren que el planteo que efectúa es cierto”.

Lugones se refirió a las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien adelantó que instruirá a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que impulse procesos de juicio político contra los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“El doctor Massa plantea algo que es razonable, que es que si no se contempla la posición de las víctimas, porque tenemos una ley que regula también la posición de las víctimas y que deben ser escuchadas. Dice que si no se las escucha se harán juicios político, sí, perfectamente lo pueden denunciar pero de ahí a que eso prospere en el Consejo es otra historia. Si lo que estamos hablando es el contenido de una sentencia, no es motivo de juicio político ni de remoción, porque si cometió un error el magistrado eso será sujeto de una revisión en una instancia superior por el tribunal que corresponda”, manifestó Lugones.

Incluso señaló que en algunos casos, como los referidos a causas por narcotráfico, no es posible cumplir con ese paso de notificación a las víctimas porque “no hay una víctima individualizada”. “En los casos en los que existe una víctima, está previsto por la ley, debe ser comunicado. En el caso de que no se comunique, habría un error del magistrado que debería ser considerado para ver si es pasible de motivos para iniciar un juicio político”, insistió.

Lugones consideró que “no es tan grande” el número de las liberaciones que se autorizan en la Justicia Federal porque, detalló, “los pedidos van frenándose en las distintas instancias”.

“Cuando nosotros resolvemos que corresponde la libertad, que no son muchos los casos, resolvemos que el juez de primera instancia le pida al poder político la tobillera electrónica. Si no hay tobillera electrónica no estaría facultado para salir. En todos los pasos tenemos que ser estrictos”, reiteró.




Comentarios