El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que respaldó la gestión de su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime condenado por la tragedia de Once.
"Lo llamé porque no sabía, porque lo primero que leí fue que el Estado había pedido la libertad", dijo el Jefe de Estado y remarcó que tras escuchar las explicaciones de su funcionario, el planteo oficial le pareció "absolutamente aceptable".
Y cuando se le consultó si también le parecía aceptable desde el punto de vista político y moral, Alberto Fernández remarcó: "Estamos hablando de derechos, no de política. Políticamente Ricardo Jaime o quien sea tiene la condena que tiene".
“Estamos hablando de derecho. La Secretaría de Derechos Humanos intervino en este caso y en casos que ocurrieron en el interior del país, no se puede negar a cumplir esa función. Lo cité para que me explique qué habían hecho y cuando lo escuché no tenía nada para reclamarle”, insistió.
Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido para beneficiar a Jaime. Los jueces de la sala III del máximo tribunal penal del país sostuvieron que "la situación del peticionante no encuentra sustento en ninguna de las causales legalmente establecidas como para acceder a la solicitud de arresto domiciliario".
Al solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, la defensa de Jaime había señalado que su condena no estaba firme porque aún está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema y que el ex funcionario es "población de riesgo" frente al avance de la pandemia del coronavirus.
"Más allá del cuadro depresivo que presenta Ricardo Raúl Jaime, se encuentra psicológicamente estable, dado que no posee alteraciones de tipo psicótico ni una pérdida en el juicio de la realidad, y que ante ausencia de indicadores de una enfermedad grave, sus patologías pueden ser tratadas intramuros", sostuvieron los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci en el fallo al que accedió Télam.
Sobre los riesgos de un posible avance del coronavirus sobre la población carcelaria, los magistrados sostuvieron que "esa penosa situación eventual, si bien debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular, no puede convertirse per se en una excusa directa de alcance general para disponer libertades o medidas alternativas a la prisión por fuera de los márgenes legales, pues en definitiva, tanto dentro como fuera de un penal, todos estamos expuestos".
"Es por ello que entendemos que la situación de emergencia sanitaria general y su proyección e implicancias dentro de los penales ha sido estudiada, abordada y contempladas por las autoridades pertinentes a través -justamente- del dictado de todas aquellas disposiciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar general de la población carcelaria", indicaron los jueces al señalar que Jaime debe seguir detenido en Ezeiza.
El fallo de la sala III de Casación también fue firmado por el juez Juan Carlos Gemignani que votó por rechazar el planteo, aunque lo hizo con argumentos propios que sumó a los de sus colegas.
Antes, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, se había manifestado en contra de la posibilidad de conceder a Jaime el arresto domiciliario al señalar que "dados los delitos por los que se encuentra dictada la sentencia condenatoria" por la tragedia del tren de Once, "el Estado Argentino también se encuentra comprometido internacionalmente a prevenir, detectar y sancionar la corrupción".
Además, se presentó en este expediente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como "amicus curiae" (amigo del tribunal) y solicitó que se conceda a Jaime la prisión domiciliaria a cumplirse en la casa de una de sus hijas en Córdoba.
El organismo estatal que conduce Pietragalla. indicó, en un comunicado, que la solicitud de prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte se realizó a partir de una presentación ante el organismo de la defensa del ex funcionario, y explicó que la petición se hizo "teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" frente al brote de coronavirus.
En esta causa, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a ocho años de prisión por el choque del tren del ferrocarril Sarmiento en la estación de tren de Once, que causó 51 muertos en febrero de 2012.
Además, Jaime es sometido a juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras causas penales.
El arresto domiciliario de Jaime había sido rechazado por el Tribunal Oral Federal 2, que lo juzgó y condenó por el choque del tren de Once y luego por el Oral Federal 6 que los juzga en la actualidad por varios hechos de presunta corrupción.