"Nos negamos a morir en la cárcel", decía una bandera que flameaba entre las chapas arrancadas del techo durante un motín de este último viernes en la prisión en Villa Devoto. El mensaje refleja cómo la pandemia de COVID-19 se convirtió en la chispa que hace estallar la crisis del sistema carcelario de Argentina, con graves problemas de superpoblación y hacinamiento.
Hasta el momento sólo fue confirmado un caso de coronavirus entre los presos y otros pocos en agentes penitenciarios en nuestro país, pero tanto los internos como las autoridades temen que la pandemia desate una crisis sanitaria que pueda salirse de control.
La pandemia es hoy el argumento central para apurar los pedidos de prisión domiciliaria y excarcelación, beneficio al que accedieron con mayor velocidad personalidades de distintos ámbitos pero no tanto los presos comunes, a la vez que se convirtió en excusa para endurecer otros reclamos en un clima de enorme tensión en las cárceles de todo el país.
La revuelta en la histórica cárcel de Villa Devoto, con decenas de presos rompiendo los techos del penal, armados con lanzas precarias y algunos con sofisticadas máscaras antigás, encendió la alarma porque está ubicada en el centro del poder nacional y expone al máximo la reacción oficial ante el accionar de parte de los 1.700 reclusos que alberga.
Tras toda una jornada de tensión, la situación se calmó en parte luego de la firma de un acuerdo entre las autoridades penitenciarias y líderes de los presos para debatir distintos temas, según el documento mostrado por medios locales, entre los que figuran compensaciones de las penas y posibles conmutaciones, que los informes médicos sean realizados por peritos forenses, y el tratamiento de métodos alternativos de cumplimiento de la pena, en especial de los grupos de riesgo y de quienes están cerca de completar su condena.
La resolución de la crisis en el complejo penitenciario en la capital argentina seguramente repercutirá en las cárceles del resto del país, donde en las últimas semanas ya se registraron otros violentos incidentes.
Pocos días después de que se declarara el 20 de marzo la cuarentena obligatoria en la Argentina -que paralizó a la nación y prohibió las visitas a las prisiones- se registraron dos motines carcelarios en la provincia de Santa Fe, el primero en el penal de Coronda, con el saldo de un muerto, y horas más tarde en el de Las Flores, que dejó cuatro fallecidos.
La provincia de Corrientes también registró esta semana un motín que le costó la vida a un preso y heridas a otros 14.
La tensión creció mientras tanto en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, las más pobladas del país con más de 45.000 presos pese a que solo cuentan con espacio para 26.000 personas y en las que más del 50 % de sus internos aún no cuentan con una sentencia firme.
El 19 de abril se confirmó el primer caso de coronavirus de un preso en el penal de la localidad bonaerense de Florencio Varela, que tres días más tarde fue el escenario de un violento motín que dejó un muerto y 40 heridos, en el que los presos reclamaron por las condiciones de hacinamiento en que viven y pidieron medidas de seguridad sanitaria y la agilización de los trámites judiciales.
La actuación de las fuerzas penitenciarias para calmar la protesta les costó el puesto a las autoridades de la prisión de Florencio Varela, luego de que se confirmó que el preso murió asesinado por disparos de balas de plomo y goma.
Con las cárceles del distrito convertidas en un polvorín a punto de estallar, cerca de 1.200 presos iniciaron una huelga de hambre en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonarense (SPB) abrieron mesas de negociación para atender los reclamos.
Desde el inicio de la pandemia se aceleró el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los reclusos que integran los grupos de riesgo y a las mujeres con hijos pequeños en las cárceles, pero no se atendieron todos los reclamos presentados.