Rita Márquez
El 3 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en el país. Hasta hoy, 25 de abril al mediodía, se registraron 3.607 contagiados, 179 fallecidos y 1.030 recuperados.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, ayer fueron confirmados 172 nuevos casos. La Provincia de Buenos Aires encabeza la lista de contagiados, con 61 nuevos enfermos y un total de 1.181 casos acumulados (más que en cualquier otro lugar).
Siguiendo lo dictado por la jefatura de Gabinete de la Nación, el gobernador Axel Kicillof decidió flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en 28 municipios. De estos, solamente cuatro (Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro) se encuentran dentro del Área Metropolitana.
Las actividades habilitadas se enmarcan dentro del formato que estableció el decreto presidencial: entre otras, la de los laboratorios, ópticas, servicios odontológicos, oficinas de rentas, establecimientos de cobranzas y venta de mercadería elaborada.
Las estimaciones sugieren que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sufrió un descenso de la recaudación del 39% por la pandemia. La idea es poner a girar lentamente la rueda de la economía, tras los índices de caída de la actividad y aumento de la pobreza.
Debido a las condiciones habitacionales y laborales existentes en distintos distritos de la zona, algunos especialistas temen que la cuarentena no pueda ser realizada de forma adecuada y el número de casos infectados siga creciendo.
De hecho, según a un documento de 2019 lanzado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, los 24 partidos que conforman el conurbano bonaerense resaltan por tener a más de 2,1 millones de residentes con déficit sanitario (el 17%) y a más de 2,5 millones en viviendas precarias (el 21,1%).
El mismo estudio señala que 2,8 millones carecen de agua corriente (22,6%) y casi la mitad no tiene cloacas. Esto dificulta el seguimiento de las recomendaciones sanitarias básicas de la Organización Mundial de la Salud frente para controlar el brote, como el lavado de manos.
Por otra parte, la mayoría de los hogares alojan a tres o más personas un solo cuarto, lo cual está considerado un "hacinamiento crítico". A esto se suma la proximidad a basurales, a zonas de desechos de fábricas o al Riachuelo.
A la falta de espacio hay que añadir el aumento de precios, que denuncian tanto los vecinos como organizaciones de consumidores. Tanto de alimentos de la canasta básica -por ejemplo, la leche-, como de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, como el alcohol etílico o en gel.
En cuanto al empleo informal o en negro, llega casi al 40%. Y el desempleo roza el 11%. Sin contar que más de la mitad de la población del conurbano es pobre; y, el 12%, indigente. Nada más desde 2001 hasta 2016, el número de villas pasaron de 385 a 1.134.
De acuerdo con Clarín, en comparación con el arranque del aislamiento, aumentó la cantidad de vecinos que salen de sus casas. Tanto a pie como en coches. Desde las municipalidades aseguran que intensificaron los controles: detienen a los infractores, secuestran autos que no tienen permiso y emiten multas.
Distintos centros de salud importantes de la Provincia se vieron afectados por el contagio del personal sanitario. Un ejemplo claro es del hospital de San Martín, que hace diez días quedó con menos del 35% de su capacidad por este motivo.
Como se anunció hace unas semanas, la Provincia compró US$ 10 millones a China en concepto de insumos, distribuidos en nueve vuelos. Es decir, unas 400 toneladas de barbijos tricapa, máscaras con filtros, gafas, overalls y guantes, destinadas al sistema hospitalario.
En municipios como Moreno, Quilmes y La Matanza -el más populoso del país-, el Ejército reparte comida y cocina en los barrios más vulnerables. También los llamados curas villeros están colaborando. Desde su reunión con Alberto Fernández a fines de marzo, convirtieron capillas y escuelas en merenderos o albergues, y aumentaron la entrega de viandas.