La defensa de los diez rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que reclaman falta de "garantías".
Este pedido se dio una semana antes de que la Sala I de la Cámara de Garantías y Apelaciones de Dolores rechazara el pedido de excarcelación de todos los rugbiers y confirmara a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, al frente de la investigación.
El abogado Hugo Tomei presentó un escrito el 8 de abril ante el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"El 18 de enero de 2020 se privó de la libertad a mis diez defendidos, acusados de cometer un homicidio calificado, cuya sanción se corresponde con la pena de prisión perpetua", comienza la denuncia a la que tuvo acceso TN.
Y continúa señalando que "personas jóvenes sometidas a encierro carcelario que -ocho de ellos- llevan más de 80 días en extrema situación", en referencia a Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20).
"El Estado provincial no ha cumplido con brindarles a los acusados la información detallada del delito imputado y las pruebas en su contra. Por lo tanto, ha incurrido en una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías", agregó.
Además, Tomei apuntó en su denuncia contra el fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y el fiscal de ese distrito, Mario Pérez, por haber rechazado un pedido de revocación contra Zamboni, por "privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsedad instrumental".
Asimismo, el abogado enfatizó que busca "restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Convención Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial".
En tanto, a partir de la corta distancia temporal entre cada una de las indagatorias -según consta en las actas-. la defensa planteó que "se trató de un simulacro de audiencia" y que el Estado no comunicó "los cargos formulados".