La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le entregó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un petitorio con puntos que considera clave para lo que viene, con el objetivo de evitar que las empresas del sector vayan a la quiebra.
Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara y Eduardo Eurnekian, vice, le acercaron al funcionario un documento con propuestas, agrupadas en cuatro ejes temáticos, orientadas a morigerar el impacto negativo que el aislamiento social tiene sobre la actividad económica y el empleo:
I) Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Modificar el Dto. 332/2020 a fin de que los beneficios de reducción de contribuciones sean otorgados automáticamente y no sujetos a trámites como el Procedimiento Preventivo de Crisis.
Extender la reducción del 95% de las contribuciones a todo el personal que no pudo prestar servicios a partir del 20/3/2020 y para el mes de abril, como disponía originalmente la Resolución 219/2020 que fue derogada.
Postergar los vencimientos de las declaraciones juradas de los recursos de la Seguridad Social de los meses de marzo y abril de 2020.
II) Aislamiento social selectivo
Establecer un esquema ordenado, que permita una reactivación gradual y selectiva de las actividades económicas, que podría incluir los siguientes puntos: Combinar la comercialización por internet (e-commerce) con el delivery, realizado por los propios comercios, independientemente de las empresas de logística y la apertura de negocios.
Estudiar la experiencia actual desarrollada en los híper y supermercados, en los distribuidores mayoristas, valiosa por el éxito obtenido.
Diferenciar territorialmente (según el nivel de riesgo) y por la magnitud del conglomerado urbano; estableciendo pautas para la apertura en función de distancias, transporte, concentración urbana, entre otros aspectos.
Intensificar los tests de control, vinculándolos a la apertura de cada rubro comercial.
Estructurar horarios y extensión de las actividades para evitar aglomeraciones y picos de movimiento.
Vedar la asistencia a sus puestos de trabajo de personas mayores de 65 años o de riesgo.
En ese marco, podría procederse a la paulatina habilitación de las siguientes actividades:
Construcción y mantenimiento.
Shoppings, restringiendo la cantidad de personal de cada local al 50% y de consumidores en proporción de una persona cada 16 metros cuadrados.
Comercios en general, atendiendo con 50% de su personal con ingreso gradual de compradores.
Gastronomía, hasta el 50% de su capacidad, con personal reducido en igual proporción.
Sistema financiero bancario, funcionando en todas sus operatorias, limitando la asistencia.
Esto requiere la implementación de protocolos en cada actividad, en cuya elaboración deberían participar Gobierno, especialistas en salud y representantes de las empresas y los trabajadores.
III) Financiación a las empresas
Establecer medidas que preserven el capital de trabajo y la cadena de pagos en los campos:
a) Financiero, mediante el otorgamiento de líneas de crédito automáticas y a tasa cero, en función de parámetros a determinar, con operatividad inmediata.
b) Impositivo, mediante la postergación de vencimientos, ampliación de planes de facilidades de pago, ampliación de la moratoria Ley 27.541 en cuanto a obligaciones regularizables y sujetos alcanzados. Asimismo, podrían implementarse las siguientes acciones: Extender automáticamente la vigencia de los certificados de empresa PYME y de los certificados de no retención y percepción, y otorgar los beneficios PYME a las empresas calificadas como Potencial PYME por la AFIP.
Autorizar la aplicación de saldos a favor al pago indistinto de impuestos o recursos de la Seguridad Social, acelerar la devolución de saldos por IVA de exportaciones y el pago de reintegros. Transformar quebrantos en bonos electrónicos aplicables al pago de impuestos.
Analizar la aplicación de títulos de la deuda pública al pago de impuestos en alguna proporción.
En términos generales disponer que la mora en pagos, presentación de información o declaraciones juradas, con fecha límite a establecer para regularización, no genere la caída de beneficios actuales.
IV) Temas Laborales
Reglamentar urgentemente el acceso a los beneficios que prevé el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.
Efectuar aclaraciones respecto de la Prohibición de despidos y suspensiones, para el caso de acuerdos entre empleadores y trabajadores.
Establecer un mecanismo automático para que empleadores con trabajadores con hijos escolarizados, que se vean obligados a permanecer en sus hogares (por la no reanudación del ciclo escolar) puedan abonar los salarios con carácter no remunerativo, excepto para las contribuciones al INSSJP y de Obra Social.
Aclarar si reciben cobertura de la ART quienes se encuentran haciendo “home office” y eventualmente contraigan Covid-19.
Determinar si existe obligación para los empleadores de abonar por cobertura de ART sobre aquellos trabajadores que se encuentran en sus domicilios sin poder prestar tareas a distancia.
Mediante intervención del Ministerio de Salud, incorporar al COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales.