En la mañana de 2012, cerca de las 8:30 am, miles de personas viajaban en tren, como todos los días, hacia sus lugares de estudio y trabajo. Sin embargo, la formación no frenó al llegar a la plataforma de Once y chocó. El resto es conocido: 52 personas murieron y 789 resultaron heridas.
Muchos terminaron con secuelas de por vida, luchando con las obras sociales para recibir asistencia. Otros tuvieron cuadros de depresión, ataques de pánico y pensamientos suicidas. La palabra "tragedia" no llega a describir la situación, que se convirtió en uno de los peores incidentes ferroviarios de la historia argentina.
Este sábado, como cada 22 de febrero, desde hace 8 años, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la llamada "Tragedia de Once" se reunieron en la estación del tren Sarmiento para reclamar Justicia. El caso permanece en la memoria colectiva como una desgracia inevitable; un caso de corrupción y falta de medidas de seguridad.
La causa
El hecho derivó en un proceso judicial en dos estapas ("Once I" y "Once II"). Tuvo una amplia cobertura mediática y derivó en la condena de 21 personas.
El primer juicio oral inició a comienzos de 2014. En aquella ocasión se juzgó a 28 personas, principalmente directivos de Trenes de Buenos Aires o TBA (la empresa que tenía la concesión de la línea) y exfuncionarios públicos. En el último mes de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados, por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y "estrago culposo". 7 personas fueron absueltas de responsabilidad.
La Justicia consideró que el tren funcionaba de manera precaria, pese a todas las señales de alerta; y que los fondos públicos otorgados a TBA no eran utilizados de correctamente.
La Cámara Federal de Casación confirmó 20 de las condenas, pero rebajó las penas por el Tribunal Oral y hasta absolvió a un acusado. Sergio Cirigiliano (empresario de TBA) y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (a quien se le sumaban otras causas y condenas) recibieron, respectivamente, 7 y 8 años en prisión. También fueron condenados los exdirectivos de TBA Marcelo Calderón y Jorge Álvarez y Juan Pablo Schiavi.
Otro de los actores que permaneció en el ojo de la tormenta fue Marcos Córdoba, el maquinista del tren, a quien los jueces achacaron una "conducta negligente". Lo condenaron a 3 años y 3 meses de prisión, e inhabilitación especial por más de 6 años.
Sin embargo, al día de hoy, la mayoría no está tras las rejas. Solo Cirigliano, Jaime, Schiavi, Córdoba, Álvarez y otros cuatro directivos de TBA permanecen encerrados. Laura Ballesteros, Calderón, Roque Cirigliano, Guillermo D´Abenigno, Carlo Michelle Ferrari, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, todos de TBA, gozan de arresto domiciliario. El resto, camina en libertad.
El 10 de octubre de 2018, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido (a cargo del área de Transporte) se convirtió en el condenado número 21 de la causa. La pena que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 durante el juicio conocido como "Once II" fue de 5 años y 8 meses.
El delito del que lo acusaron fue de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". De todas formas, fue absuelto de la otra culpa que recaía sobre sus espaldas: estrago culposo agravado, que lo hacía responsable de todas las muertes y lesiones.
Actualmente, De Vido se define como un "preso político" y asegura que está "perseguido" y "encarcelado con crueldad". Dentro del peronismo, hay un debate en cuanto a su situación y la de otros exfuncionarios que pasan sus días privados de la libertad.
El presidente Alberto Fernández evita hablar de "presos políticos y destacó que las "detenciones arbitrarias" del gobierno anterior no están en manos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, figuras como el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni han intervenido en el debate. "De Vido es inocente", concluyó este último.