Eugenio Semino tiene un largo currículum. Se recibió de gerontólogo, abogado, criminólogo y ejerce como docente. Es, además, el Defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras los anuncios oficiales del viernes, que incluyeron cambios en la movilidad jubilatoria, Semino planteó estos son inconstitucionales y regresivos, ya que "rompen los criterios de proporcionalidad y equidad". Por ese motivo, decidió ir a la Justicia.
En diálogo con Radio Mitre, el profesional aseveró que las medidas del oficialismo "no cambian la pobreza ni la vida" de los jubilados, ni siquiera de aquellos que perciben hasta $16.200: es decir, los únicos que recibirían un aumento. "El diferencial del semestre (de los que cobran la mínima) es de $1.184", subrayó.
Semino remarcó que un gran porcentaje de personas, que se lleva solo $20 mil, no llega a cubrir la canasta básica. "En el semestre, van a cobrar $2112 menos de lo que debían", añadió.
Contra el discurso del gobierno, planteó: "El que que gana $40 mil no es un privilegiado, sino que aportó el doble que quien gana $20 mil. Esto no solo es gravoso para el actual jubilado sino que dinamita las bases del sistema".
En este sentido, recordó otros momentos de la historia argentina, en los cuales las reformas del sistema previsional perjudicaron a los mas débiles. "No olvidemos que más de un millón de jubilados esperaron y murieron en la espera de que se reconozcan sus derechos", sentenció el defensor.
¿Cómo será su accionar ante la Justicia? "Vamos a plantear directamente la inconstitucionalidad de la medida. No vamos a esperar ver morir jubilados en la espera", aseveró.
También criticó la situación de los adultos mayores durante el gobierno macrista: "Los jubilados perdieron 20 puntos con la anterior administración, con la anterior fórmula". Respecto a las medidas desplegadas por Alberto Fernández, prosiguió: "En lugar de evitar ese drenaje, lo que se hace es profundizarlo".
El letrado considera que no solo se están atacando distintas normas constitucionales. "Se está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre adultos mayores que es Ley en Argentina, que la propuso y trabajó el Estado. ¿Saben quiénes eran los funcionarios que hoy violan esa convención? Los mismos que estaban cuando se aprobó el 15 de junio de 2015", advirtió con un tono crítico.
Por último, refirió a que la implementación de los anuncios conlleva una serie de interrogantes. "Recién en el decreto vamos a conocer la reglamentación. Se habla de una suma fija de $1.500 y del 2,3%, para complementarla. Se podría hablar de un total para el primer rango del 12,96%, pero no se habla de esto: y genera una incógnita sobre cuál va a ser el futuro de los reajustes", remató.