El Gobierno nacional restableció hoy la vigencia de las recompensas ofrecidas para dar con los paraderos de cinco represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
La resolución del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, fija recompensas de 500.000 pesos para quienes aporten datos de Jorge Raúl Vildoza (su mujer asegura que murió en 2005 en Sudáfrica), Juan Carlos Linarez, Ricardo Joaquín Molina, Héctor Mario Schwab y Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Los cinco ex militares tuvieron un papel preponderante durante los últimos gobiernos de facto, y están entre los más buscados de los 43 represores que aún se encuentran prófugos de la Justicia.
"Gastón" Vildoza, ex capitán de fragata y jefe del temible grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), es el que lleva más tiempo prófugo, ya que huyó de la Argentina en 1986 junto a su mujer y un niño apropiado ilegalmente, Javier Penino Viñas, quien recuperó su identidad en 1998.
El año pasado, Interpol informó que las huellas dactilares de Roberto Sedano (el seudónimo que Vildoza habría utilizado durante su exilio), fallecido en Sudáfrica en 2005, coincidían con las del represor prófugo, aunque la Justicia argentina aún no dio un dictamen final al respecto.
Otro de los represores por los que se ofrece recompensa es Juan Carlos Linarez, quien también actuó en la ex ESMA y está acusado además de haber participado del asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh en 1977.
En tanto, el capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, ex jefe de inteligencia de la base naval Puerto Belgrano en 1976, está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca.
Por su parte, el ex teniente coronel Mario Schwab, prófugo desde 2008, está imputado por la desaparición del obrero Carlos Rocha, ocurrida el 27 de abril de 1977, quien había sido detenido mientras trabajaba en una obra que estaba bajo la supervisión del propio militar.
Vázquez Sarmiento, en tanto, es un ex oficial de la Fuerza Aérea y miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA), que está prófugo desde 2003.
Además, está acusado de apropiarse ilegalmente de Ezequiel Rochistein, nacido en la ESMA, hijo de los militantes montoneros María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, desaparecidos en 1977, quien recuperó su identidad en 2010.
