El ministro de Defensa, Agustín Rossi, apuntó este miércoles contra la "responsabilidad política" de su antecesor Oscar Aguad por el hundimiento del submarino ARA San Juan y fundamentalmente por "la administración de la crisis y el trato con los familiares" de los 44 tripulantes que fallecieron.
Rossi se refirió al fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien el martes dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de seis ex altos mandos de la Armada Argentina y rechazó investigar al expresidente Mauricio Macri y al exministro Aguad en esa causa.
“El fallo va en el sentido que los niveles de responsabilidad llegan hasta quien era el comandante de alistamiento, que era el número 3 de Armada en ese momento. Inclusive el fallo tampoco involucra a quien era el jefe de la Armada. Entonces la jueza estaciona el nivel de responsabilidades no solamente debajo de la responsabilidad política del ministro sino también del propio jefe de la Armada”, evaluó Rossi.
El titular de la cartera de Defensa puso en relieve la responsabilidades de Aguad "no solamente por lo que sucedió en el momento del hundimiento sino por lo que sucedió posteriormente, por la administración de la crisis y el trato con los familiares".
"Lo que me parece que no hay que confundir es el grado de responsabilidad desde el punto de vista jurídico en lo penal considera la jueza con los grados de responsabilidad política, que me parece que son claramente dedicados a aquellos que son responsables políticamente", diferenció Rossi en declaraciones a radio El Destape.
Y recordó que “si no hubiese sido por la persistencia de los familiares, no se hubiese contratado a la empresa que finalmente terminó encontrando al Ara San Juan”.
"No aparecía voluntad política por parte del Gobierno para avanzar en ese sentido. Fue la persistencia de los familiares, entre ellos los que se encadenaron en la Plaza de Mayo", reiteró.
La jueza que lleva adelante la investigación imputó por el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea" a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También por el hundimiento ocurrido en noviembre del 2017 los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.
Además, Yañez sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
Asimismo, la jueza rechazó investigar al expresidente Macri, al exministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por las querellas.
En el caso de Macri consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía "no es de naturaleza técnico-militar, pues esta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos".
Evaluó que Macri no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión arribó en el caso de Aguad.
"Luego de las pruebas colectadas hasta el momento no surge que el ingeniero Mauricio Macri ni el doctor Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino Ara San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder", consideró.