La causa de los cuadernos expuso presuntos hechos de corrupción -que ya están en instancia de juicio oral- que posicionaron en un lugar políticamente complejo al kirchnerismo en lo que refiere a la administración de la cosa pública. De ese rincón del ring, el nuevo Gobierno quiere alejarse lo máximo que pueda.
Hay tres funcionarios clave que tienen una misión primordial: cuidarle las espaldas al presidente Alberto Fernández y evitar hechos que compliquen políticamente a su Gobierno. Se trata de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete; Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica.
Beliz es el arquitecto de la gestión, con influencia en todas las áreas, y un tamiz para lo que llega al despacho presidencial. Ibarra redacta los decretos y lee hasta el punto final de cada resolución o decisión administrativa. Y Cafiero se ocupa de la articulación interna, de la rosca hacia el corazón de un Gabinete que administra escasez en un país que necesita como recuperarse con urgencia.
Fernández y sus hombres de máxima confianza en Balcarce 50 empezaron en diciembre a construir una nueva matriz de controles internos y regulaciones. Entienden que la oposición y la prensa les estarán con la lupa encima. Y afirman que tienen un compromiso con la ciudadanía, a la que quieren darle participación.
Parte de la estrategia es la instauración de un programa de transparencia. Se cruzará información de todas las obras públicas. La ejecución estará en manos de una unidad interna que funcionará como un Observatorio Federal de Contrataciones.
En ese observatorio habrá representantes de la oposición (ya se anticipó la iniciativa a legisladores del radicalismo), académicos de universidades nacionales y auditores del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Según el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el pedido de Fernández es que la totalidad de los datos sobre licitaciones, oferentes y ejecución de cada uno de los proyectos sea publicado en una base de datos abiertos.
También se ordenó entregar toda la información que fuera solicitada por organismos de contralor como Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Poder Legislativo, y la Oficina Anticorrupción.
Un eslabón inicial de esta cadena fue la decisión de Fernández de atomizar la gestión. Hoy ya no existe un superministro, como supo ser entre 2003 y 2015 Julio de Vido, quien condujo obras públicas; energía; minería; comunicaciones; vivienda y ordenamiento urbano.
En el Gobierno sostienen que la Justicia cometió graves abusos en los procedimientos judiciales contra exfuncionarios kirchneristas durante el macrismo. Pero también admiten que de los bolsos de José López no se vuelve, independientemente de quién le haya dado el dinero.
Cafiero encabezó una la reunión entre el gabinete y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Se acordó trabajar de forma conjunta. Y se impulsará el cuarto “Plan de Acción Nacional”.
La OGP nació en 2011, cuando líderes gubernamentales y 3.000 organizaciones de la sociedad civil se unieron para crear una asociación para promover la responsabilidad y la transparencia. Unos 78 países son hoy parte de esta iniciativa. Argentina se sumó en 2012.
El país hoy preside la OGP hasta septiembre de 2020, en conjunto con Robin Hoddes de “The B Team”, que representa a la sociedad civil global.
En la reunión Cafiero dijo que los problemas requieren “respuestas inmediatas” que contemplen la visión de los ciudadanos. Por ello, el Gobierno entiende a los ciudadanos como un sujeto, con el que haya una interacción horizontal.
La reunión fue organizada por la Secretaría de Innovación, que conduce Micaela Sánchez Malcolm. Esta área articula un plan hasta 2021 que contempla 15 compromisos tendientes a las políticas de transparencia presupuestaria, la apertura en el sistema de contratación de la obra pública y el acceso a la Justicia, entre otras.
En la reunión también estuvieron los ministros Eduardo de Pedro, Marcela Losardo; Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta. También el titular de la OA, Félix Crous y de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni.
En la mesa también se sentaron el director adjunto de la OGP, Alonso Cerdán; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, y el subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital, César Gazzo Huck.
